Movimiento Ciudadano denuncia falta de licitación y alto costo; la alcaldesa aclara que se trató de compra directa por emergencia de segurid...
Movimiento Ciudadano denuncia falta de licitación y alto costo; la alcaldesa aclara que se trató de compra directa por emergencia de seguridad
Guasave, Sinaloa.- La adquisición de 13 patrullas para la Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave generó un debate entre autoridades y regidores. Gregorio Hernández Romero, edil de Movimiento Ciudadano, denunció que la compra se realizó sin licitación y con un monto superior a 17 millones de pesos, incumpliendo los procedimientos legales que rigen la contratación pública.
“No estoy en contra de reforzar la seguridad, porque es prioritaria, pero sí de que no se respete la ley. Esta adquisición debió licitarse y transparentarse. Estamos hablando de más de 17 millones de pesos en un municipio con crisis financiera, con adelantos de participaciones, un crédito bancario de hasta 60 millones y servicios públicos colapsados”, señaló Hernández Romero. El regidor comparó la situación con el caso de Ahome, que derivó en el desafuero del alcalde Gerardo Vargas Landeros, y advirtió que la falta de planeación podría afectar servicios como alumbrado, recolección de basura y mantenimiento de drenajes.
Ante estos señalamientos, la presidenta municipal, Cecilia Ramírez Montoya, aclaró que el monto total fue de 13 millones de pesos por diez patrullas adquiridas con recursos del Fortamun (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios). Posteriormente se compraron tres unidades más para la Célula de Reacción Inmediata con perspectiva de género, a un costo aproximado de 600 mil pesos cada una.
La alcaldesa explicó que la compra se realizó como medida de emergencia en materia de seguridad, ante la advertencia del Gobierno del Estado sobre la posibilidad de que la violencia registrada en Culiacán se extendiera a la zona norte. “Se trató de una compra directa avalada por el Comité de Compras, donde participan todas las fuerzas políticas, y se aprobó por unanimidad. Había sindicaturas que no contaban con ninguna patrulla. Por eso se tomó la decisión de manera urgente y con sustento legal”, afirmó Ramírez Montoya.
La presidenta municipal subrayó que no se trató de una renta, sino de adquisición directa a una agencia Chevrolet, con todos los documentos firmados y avalados por las distintas representaciones políticas del Ayuntamiento. Reconoció que la Auditoría podría revisar la operación, pero confió en que se solventará debido a que el procedimiento se realizó con respaldo legal y por una emergencia real en seguridad.
Si quieres, puedo preparar un resumen breve para redes sociales que destaque la controversia y la aclaración de la alcaldesa.
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