Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido”...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“La verdadera
amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha
oscurecido”, Rabindranath Tagore
EVALUACIÓN
En medio de un
panorama nacional marcado por desafíos sociales, económicos y de seguridad,
Sinaloa ha logrado mantenerse en el radar positivo gracias a un elemento clave:
el ejercicio de un gobierno que ha sabido responder con eficacia ante la
adversidad.
Así lo refleja
la más reciente encuesta de la casa C&E Campaigns and Elections México, que
coloca al gobernador Rubén Rocha Moya como el tercer mandatario estatal más
capaz del país para enfrentar los problemas de su entidad.
El estudio,
realizado entre el 23 y el 30 de julio de 2025, toma como base la percepción
ciudadana sobre la habilidad de los gobernadores para resolver los conflictos
que afectan a sus estados.
Y no es menor
que Rocha Moya figure en el podio nacional, sólo por debajo de Mauricio Kuri
(Querétaro) y Alejandro Armenta (Puebla), en un listado que también incluye a
entidades de fuerte dinamismo económico y alta exigencia social como Nuevo
León, Jalisco y Ciudad de México.
Este
reconocimiento no es gratuito. La administración de Rocha Moya ha enfrentado un
año complejo, donde temas como la educación, la seguridad pública, la relación
con organismos autónomos y los retos presupuestales han exigido capacidad de
diálogo, firmeza institucional y, sobre todo, responsabilidad política.
La gestión del
conflicto con la Universidad Autónoma de Sinaloa, el reordenamiento del gasto
público, el impulso a las obras sociales, así como una narrativa cercana a la
ciudadanía, han sido elementos que definen su estilo de gobierno.
A diferencia de
otros liderazgos marcados por la confrontación o la parálisis, Rocha Moya ha
optado por un equilibrio entre autoridad y gestión, donde la atención directa a
las necesidades sociales ha sido prioritaria.
Su relación con
el Gobierno Federal también ha sido clave: ha sabido alinearse con los
proyectos de transformación nacional sin perder el enfoque local, lo que le ha
permitido acceder a recursos, mantener el ritmo de inversión y avanzar en
proyectos estratégicos como el desarrollo del sur del estado y el
fortalecimiento del puerto de Mazatlán.
La encuesta de
C&E también es un termómetro político rumbo al futuro inmediato. Con el
inicio del nuevo sexenio federal y la configuración de nuevas correlaciones en
el Congreso y en los gobiernos estatales, los gobernadores con mejores niveles
de aprobación y percepción de eficacia jugarán un papel importante en el
reacomodo de liderazgos regionales.
En ese
escenario, el posicionamiento de Rocha Moya lo convierte en un actor relevante
no solo en Sinaloa, sino también en el tablero nacional.
Sin embargo, los
buenos números no deben traducirse en triunfalismo. La ciudadanía reconoce
avances, pero también mantiene expectativas altas.
Seguridad,
empleo, agua potable, salud, infraestructura educativa y transparencia seguirán
siendo temas donde el gobierno estatal deberá mostrar capacidad de respuesta
constante.
La credibilidad
no se decreta: se sostiene todos los días con acciones.
Por ahora, el
lugar que ocupa Rubén Rocha Moya en el ranking nacional de gobernadores más
capaces es un reflejo de su compromiso, su experiencia y su forma de hacer
política. Un estilo que privilegia la palabra dada, el contacto directo con el
pueblo y la voluntad de resolver, aún en escenarios difíciles.
La política
útil, la que se traduce en beneficios concretos para la gente, se mide en
momentos como estos.
Y en esa lógica,
el gobernador de Sinaloa ha sabido colocarse, una vez más, como un liderazgo
con rumbo firme.
RECONOCIMIENTO
En un ejercicio
de continuidad institucional poco común en la política mexicana, la presidenta
Claudia Sheinbaum ratificó esta semana a Quirino Ordaz Coppel como embajador de
México en España.
La decisión,
anunciada durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, estuvo basada
en el desempeño del sinaloense al frente de esta representación diplomática:
“Han estado haciendo un buen papel”, expresó la mandataria en referencia a su
labor.
Con esta
ratificación, la nueva administración federal envía un mensaje claro: el
profesionalismo y los resultados pueden pesar más que el origen partidista.
Ordaz Coppel,
quien fue gobernador de Sinaloa entre 2017 y 2021, asumió el cargo en la
Embajada en medio de un contexto político delicado, marcado por tensiones
bilaterales y una agenda internacional exigente.
Desde entonces,
ha contribuido a estabilizar y fortalecer los vínculos diplomáticos entre
México y España, sobre todo en áreas como el comercio, el turismo, la inversión
y la cooperación educativa.
Más allá del
terreno político, su permanencia en la misión diplomática representa un acto de
pragmatismo institucional.
Con más de 30
años en el servicio público, Quirino Ordaz cuenta con una formación sólida en
Derecho y Administración Pública, así como experiencia en áreas clave de la
gestión gubernamental, como finanzas y administración.
Su trayectoria
incluye cargos como diputado federal, secretario de Finanzas y gobernador, lo
que le ha brindado las herramientas para asumir una representación
internacional con conocimiento técnico y madurez política.
Durante su
gestión como embajador, la relación con el gobierno español se ha mantenido
estable, a pesar de momentos de tensión coyuntural.
Su estilo ha
sido mesurado, institucional y enfocado en los resultados, lo que ha permitido
mantener un canal abierto de comunicación y entendimiento con las autoridades
ibéricas.
Esta labor, si
bien alejada del reflector mediático, ha sido valorada positivamente por la
Cancillería mexicana.
La decisión de
mantenerlo en el cargo se inscribe también en un contexto donde la política
exterior mexicana ha optado por figuras con experiencia comprobada, y no
necesariamente por alineación ideológica.
En ese sentido,
la ratificación de Quirino Ordaz adquiere relevancia como un reconocimiento a
su desempeño, y como un ejemplo de que la eficacia y la responsabilidad pueden
tener continuidad, incluso en gobiernos de distinto signo político.
En suma, esta
ratificación confirma que la diplomacia requiere estabilidad, y que quienes
logran construir puentes deben tener la oportunidad de mantenerlos.
Quirino Ordaz
seguirá representando a México en uno de los destinos diplomáticos más
importantes para el país, y lo hará con la experiencia que da haber caminado
todos los niveles del servicio público.
DIMES Y DIRETES
El conflicto
jurídico en torno a la restitución de Gerardo Vargas Landeros como presidente
municipal de Ahome ha abierto un nuevo capítulo en la compleja relación entre
los poderes del Estado mexicano.
A partir de la
suspensión definitiva otorgada por un juez federal con sede en Zacatecas, la
tensión entre el Poder Judicial de la Federación y el Congreso del Estado de
Sinaloa ha escalado a un punto inédito en la política reciente de la entidad.
El juez, dentro
del expediente 1832/2025, no solo ordenó la restitución de Vargas Landeros,
sino que emitió un exhorto formal al gobernador Rubén Rocha Moya, al Congreso
local y a otras autoridades estatales y municipales para que informen, en un
plazo de 24 horas, si están cumpliendo la resolución judicial.
En caso de
desacato, advirtió sanciones personales, incluyendo multas económicas y la
posible configuración de responsabilidad por omisión.
La respuesta del
Congreso fue tajante.
La presidenta de
la Junta de Coordinación Política, Teresa Guerra Ochoa, afirmó públicamente que
no acatarán el mandato del juez, al considerar que carece de competencia legal
para intervenir en una decisión tomada por el Poder Legislativo local en
ejercicio de su soberanía.
Según la
diputada, la declaratoria de procedencia contra Vargas Landeros, aprobada por
el Congreso en mayo, es un acto consumado, y citó la jurisprudencia 44/2004 de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sostener que los actos derivados
de una declaratoria de esta naturaleza no pueden ser impugnados vía juicio de
amparo.
Este escenario
nos coloca frente a un dilema de interpretación constitucional: ¿puede un juez
federal revocar los efectos de una decisión tomada por un congreso local en el
marco de un proceso de desafuero? ¿Y hasta dónde llega la soberanía de los
poderes estatales frente al alcance del Poder Judicial de la Federación?
Si bien el
Congreso local defiende su postura con base en criterios jurisprudenciales y la
estructura del federalismo mexicano, también es cierto que la suspensión
definitiva de un juez no puede ignorarse sin consecuencias jurídicas.
De ahí que el
juzgador haya citado a audiencia para revisar el posible incumplimiento,
advirtiendo que, de no rendirse los informes requeridos, las autoridades
involucradas podrían ser sujetas a sanciones o incluso a procedimientos
penales.
El caso no está
cerrado y promete escalar hacia instancias superiores, como la Suprema Corte o
incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiendo de los
próximos movimientos de ambas partes.
Lo que está
claro es que esta confrontación no solo gira en torno a un cargo municipal: se
trata de un debate más profundo sobre la división de poderes, el respeto al
orden jurídico y los límites entre competencias federales y estatales.
Mientras tanto,
el ciudadano común observa con incertidumbre un proceso donde el peso de la ley
se debate en dos planos distintos. Uno en los tribunales federales; otro, en
los espacios legislativos locales.
Resolverlo no
será fácil, pero es indispensable que prevalezca el cauce institucional, la
mesura política y, sobre todo, el respeto a los principios del Estado de
Derecho. Porque más allá del nombre de Gerardo Vargas, lo que está en juego es
la forma en que se ejerce la justicia en un país que aún busca equilibrio entre
sus poderes.
TRABAJO
En medio de un
escenario político donde la distancia entre autoridades y ciudadanos suele ser
motivo de crítica, vale la pena reconocer cuando desde lo local se ejercen
cargos públicos con enfoque comunitario y gestión directa.
Ese parece ser
el caso de la regidora Claudia Gabriela Luna Fernández, quien desde su posición
como cuarta edil por Morena ha enfocado sus esfuerzos en atender demandas
ciudadanas concretas, de la mano de distintas áreas del Ayuntamiento de
Mazatlán.
Sin
protagonismos y con resultados tangibles, Luna Fernández ha logrado articular
apoyos con la JUMAPAM, Bienestar Social, Obras Públicas y otras dependencias,
dando respuesta a necesidades que van desde fugas de agua y drenajes
colapsados, hasta apoyos alimentarios y mejoras en planteles escolares.
Su trabajo
refleja una visión de cercanía que responde al sello de “puertas abiertas” que
ha promovido la presidenta municipal Estrella Palacios Domínguez.
La regidora
asume su papel como un canal de enlace entre la ciudadanía y la administración
municipal, un rol que muchas veces se diluye en la formalidad de los cabildos
pero que, cuando se asume con responsabilidad, puede marcar la diferencia en la
vida diaria de los vecinos.
La política
local se construye desde el territorio, y si bien queda mucho por hacer en
Mazatlán, este tipo de acciones coordinadas y consistentes ayudan a reconstruir
la confianza ciudadana en sus instituciones.
