Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “No se alcanza la fama reclinado en blanda pluma, ni al abrigo de colchas”, Dante Alighieri EX...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“No se alcanza la fama reclinado
en blanda pluma, ni al abrigo de colchas”, Dante Alighieri
EXTRAORDINARIO
La posible remoción del fuero
constitucional al presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y al
diputado local Genaro García Castro, marca un punto crítico en la relación
entre el poder político y la rendición de cuentas en Sinaloa.
El anuncio de una sesión privada
del Congreso del Estado, programada para este jueves 1 de mayo, subraya la
seriedad con la que se está tratando el caso y las implicaciones que puede
tener no solo para los involucrados, sino para el sistema político estatal en
su conjunto.
Ambos actores políticos, con
carreras amplias y de gran visibilidad pública, enfrentan acusaciones
relacionadas con presuntas irregularidades en la adquisición de patrullas en
2021 durante la gestión municipal en Ahome.
En particular, el argumento de
una excepción por razones de seguridad pública, sostenido por Vargas Landeros
para justificar la omisión del proceso de licitación, será puesto a prueba
frente a una Fiscalía que ha mostrado interés en esclarecer el manejo de los
recursos públicos.
Lo que está en juego no es menor:
de concretarse el desafuero y avanzar el proceso penal, podría derivarse en
sanciones severas, incluida la pérdida de derechos políticos, que significaría
el retiro de ambos del escenario electoral hacia 2027.
Sin embargo, en un Estado de
Derecho, los acusados conservan la presunción de inocencia y el derecho a una
defensa plena, elementos fundamentales que deberán garantizarse a lo largo del
proceso.
La sesión del Congreso se anuncia
con medidas de confidencialidad estrictas: sin público, sin celulares, sin
acceso a prensa hasta la conclusión del debate.
Este hermetismo puede entenderse
como un intento de proteger la integridad del procedimiento, pero también abre
espacio a la especulación y a la percepción de opacidad, lo que podría minar la
confianza ciudadana si no se maneja con responsabilidad y transparencia
posterior.
En lo inmediato, tanto Gerardo
Vargas como Genaro García seguirán en sus cargos hasta que se defina su
situación legal.
El Congreso, por su parte, se
enfrenta a una prueba de institucionalidad que sentará precedente.
Si el procedimiento es apegado a
derecho, y si se permite que la justicia actúe sin interferencias políticas, se
estará dando un paso importante hacia la consolidación de un sistema más
responsable y transparente.
El caso, más allá de los nombres,
representa una oportunidad para el fortalecimiento de la legalidad.
Será fundamental que la opinión
pública, los medios de comunicación y los actores institucionales observen con
atención el desarrollo de este proceso, sin adelantar juicios pero sin dejar de
exigir claridad.
Habrá que ver si este es apenas
el inicio de una serie de ajustes que la política sinaloense estaba
postergando.
DIVISIONES
El inicio del proceso de
desafuero contra el alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, ha
provocado un inmediato pronunciamiento por parte de los integrantes del
Cabildo, tanto de la bancada de Morena como de la oposición.
El hecho no solo genera atención
por sus implicaciones jurídicas, sino también por el contexto político en el
que se presenta.
La postura de la fracción de
Morena, encabezada por Judith Luna Castro, ha sido clara: respaldan al alcalde
y piden que el proceso se lleve con estricto apego a derecho.
Esta línea de defensa parte de un
principio institucional del partido que subraya la honestidad, la legalidad y
el compromiso con el pueblo.
Reconocen que las investigaciones
deben realizarse, pero expresan extrañamiento por el momento en que surgen los
señalamientos, respecto a un procedimiento que data del año 2021.
En contraste, los regidores de
oposición han llamado a que se transparente el uso de recursos públicos y se
evite politizar las instituciones.
Lidia Adela Reyes, del PAN, Jesús
Adrián Baldenebro, del PAS, y Héctor Álvarez, de Movimiento Ciudadano,
coinciden en que todo debe conducirse dentro del marco legal, pero advierten
sobre la necesidad de evitar que el desafuero se convierta en un instrumento de
revancha política.
Este equilibrio entre legalidad y
percepción política es fundamental.
Cuando las instituciones
encargadas de investigar y sancionar actos de corrupción se ven envueltas en
disputas partidistas o aparecen activas solo en momentos específicos, se
debilita la confianza ciudadana.
Las investigaciones deben ser
claras, públicas y bien sustentadas; de lo contrario, se corre el riesgo de que
cualquier proceso legítimo quede bajo sospecha.
En este contexto, el Congreso del
Estado y las autoridades judiciales deben conducirse con total transparencia,
garantizando el debido proceso y evitando cualquier señal de parcialidad.
De igual manera, el Cabildo de
Ahome tiene la responsabilidad de vigilar que el municipio continúe operando
con normalidad institucional, independientemente del desenlace político de este
caso.
El debate no debería centrarse en
si se trata de una persecución o de una defensa partidaria, sino en exigir que
las reglas se respeten, que los procedimientos se cumplan y que, si existen
responsabilidades, estas se finquen con pruebas, no con discursos.
En una democracia madura,
rendición de cuentas y respeto a la ley no deberían estar a discusión, sino ser
el mínimo indispensable.
POR MIENTRAS
La reciente renuncia de Merary
Villegas a la dirigencia estatal de Morena en Sinaloa marca un movimiento
significativo en el ajedrez político del partido guinda, especialmente cuando
se avecinan definiciones cruciales rumbo a las elecciones de 2027.
El anuncio, hecho por Juana
Minerva Vázquez González, presidenta del Consejo Estatal y diputada local, no
solo confirma la salida de Villegas, sino que pone bajo los reflectores a Édgar
Barraza, actual secretario general, quien asume de facto las funciones de
presidente estatal.
En Morena, los relevos no son
menores ni casuales.
Aunque oficialmente se alega que
la salida de Villegas responde a una decisión personal para reincorporarse a la
Cámara de Diputados, el momento es políticamente estratégico.
Morena se encuentra en plena
revisión de sus estructuras nacionales y estatales, y el próximo Consejo
Nacional del 4 de mayo podría marcar el inicio de una nueva etapa en la vida
interna del partido. No sería la primera vez que un cambio formal en los estatutos
responda también a necesidades coyunturales o pactos internos no revelados.
La figura de Édgar Barraza, quien
ha mantenido un perfil discreto pero institucional, adquiere ahora una
relevancia inusitada.
Su encargo, aunque provisional,
podría traducirse en un liderazgo con peso si logra mantener cohesionado al
partido y navegar con prudencia entre las corrientes internas.
Morena, como toda fuerza política
en expansión, no es ajena a los intereses cruzados y a las tensiones de poder,
por lo que el rol del secretario general será clave no solo para la
administración ordinaria del partido, sino también como figura de equilibrio en
tiempos de redefiniciones.
Más allá del procedimiento formal
para el relevo definitivo, lo relevante es el mensaje que Morena emite hacia su
militancia y hacia la sociedad sinaloense.
La institucionalidad es vital,
pero también lo es la transparencia y la inclusión en los procesos internos.
La dirigencia que venga deberá
responder no solo a los equilibrios políticos, sino también a la expectativa de
un partido que se dice diferente.
El relevo en la dirigencia no
debe convertirse en un simple enroque burocrático. La conducción de Morena en
Sinaloa debe ser también una oportunidad para fortalecer la organización
territorial, escuchar a las bases y preparar al partido para los retos de los
próximos años.
En tiempos de transición, lo
urgente no debe desplazar a lo importante: consolidar un proyecto político con
visión, estructura y vocación democrática.
ATENCIÓN
Las cifras difundidas
recientemente por el INEGI y retomadas por el diputado priista Bernardino
Antelo confirman lo que ya era evidente: México ha comenzado a resentir los
efectos de una recesión.
Tan solo en marzo se perdieron
más de 88 mil empleos, con una afectación marcada en sectores clave como la
industria manufacturera y el campo, que concentran las mayores bajas.
Antelo señaló que, aunque se ha
reportado un incremento en el empleo femenino, esto no compensa la pérdida neta
total, ni la preocupación generalizada por el rumbo económico del país.
Además, recordó que el Fondo
Monetario Internacional estima una contracción del PIB de 0.3% para 2025, lo
que refuerza el diagnóstico de una economía en retroceso.
Frente a este panorama, el
legislador advirtió que se requieren medidas concretas, realistas y eficaces
para frenar el deterioro del empleo y proteger la estabilidad de millones de
familias.
Minimizar la situación o
postergar decisiones solo agravará un problema que ya está golpeando con fuerza
a la población.
LICENCIA
El anuncio de Juan Carlos Patrón
Rosales, diputado local por Morena, sobre su solicitud de licencia por seis
meses para atender responsabilidades políticas en la Ciudad de México.
Aunque se trata de una separación
temporal, su decisión responde a la reconfiguración que vive Morena rumbo a los
nuevos escenarios nacionales.
Patrón Rosales deja su curul en
el Congreso del Estado a su suplente y esposa, Elizabeth Ramírez Tirado, quien
cuenta con experiencia política previa y ha sido una figura cercana a Claudia
Sheinbaum en la zona sur del estado.
Esto sugiere que la transición
será más de forma que de fondo, manteniendo la misma línea dentro del
Legislativo sinaloense.
Más allá del relevo, el mensaje
es claro: las estructuras de Morena se siguen ajustando con miras a fortalecer
el proyecto de la Cuarta Transformación, incluso desde lo local.
El reto será que esta licencia no
se traduzca en una ausencia política para la ciudadanía, sino en una extensión
de influencia en nuevos frentes partidistas.
