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La orden ejecutiva, que prohíbe la ciudadanía por nacimiento, se enfrenta a varias demandas y ha sido paralizada preventivamente
La Coalición de Inmigración de Nueva York y una venezolana embarazada demandaron este jueves a la Administración del presidente Donald Trump y pidieron al tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York que declare inconstitucional la orden ejecutiva que prohíbe la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados.
Esta orden ejecutiva, firmada el pasado 21 de enero, se enfrenta ya a varias demandas en tribunales del país y ha sido paralizada preventivamente por dos jueces federales.
En la demanda, la Coalición y la inmigrante J.V., con cinco meses de embarazo y con Estatus de Protección Temporal, y representados por la organización de derechos civiles Latino Justice PRLDEF, argumentan que la orden ejecutiva viola la Enmienda 14 de la Constitución, que otorga la ciudadanía estadounidense a todas las personas nacidas en Estados Unidos, señalan en un comunicado.
Indican además que quitar este derecho convertiría en apátridas a estos niños y los discriminaría por criterios de ascendencia u origen de sus padres, lo cual viola la cláusula de protección de la Constitución.
Si la eliminan, eso obligaría a los que nazcan tras la prohibición “a vivir en las sombras de la sociedad sin los beneficios y oportunidades de los ciudadanos. Los pondría en riesgo de ser deportados” y les privaría de su identidad, documentos importantes, nutrición, atención médica y educación, indica el documento.
“Antes de obtener un cargo electivo, el Presidente ha creído erróneamente que tiene el poder singular de determinar quién puede convertirse en ciudadano estadounidense. La definición de ciudadanía está claramente consagrada en nuestra Constitución y ha sido una cuestión de derecho establecido durante 127 años, que no puede ser simplemente tachada por una persona”, indicó la presidenta de Latino Justice.
La venezolana, de 31 años, que llegó a EE. UU. en 2023 es identificada solo como J.V. y su TPS expira en abril de este año. Su hijo, que nacerá en junio de 2025, estaría sujeto a la prohibición de ciudadanía por derecho de nacimiento si la orden presidencial entra en vigor.
Con información de EFE.
