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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “A menudo los grandes son desconocidos o peor, mal conocidos”, Thomas Carlyle GEOPOLÍTICA La...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“A menudo los
grandes son desconocidos o peor, mal conocidos”, Thomas Carlyle
GEOPOLÍTICA
La declaración
de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Donald
Trump no es un simple acto simbólico. Se trata de una maniobra geopolítica con
profundas implicaciones para México y la región.
En el fondo,
esta medida no solo endurece el discurso de seguridad del expresidente
estadounidense en plena contienda electoral, sino que también pone en jaque la
soberanía mexicana y redefine la relación bilateral bajo un nuevo paradigma de
intervención.
En términos
geopolíticos, la designación de grupos criminales como terroristas suele
justificar la intervención militar o sanciones económicas.
En el caso de
México, esto plantea un escenario peligroso: ¿se abre la puerta a operativos
militares estadounidenses en territorio mexicano?
Aunque Trump no
ha anunciado acciones inmediatas, la historia sugiere que este tipo de
designaciones pueden derivar en operativos encubiertos, sanciones financieras
contra empresas mexicanas o incluso restricciones comerciales bajo el argumento
de combatir el financiamiento del narcotráfico.
Más aún, la
decisión debe entenderse en el contexto de la política interna de Estados
Unidos. Trump busca consolidar el apoyo de sectores ultraconservadores que ven
en el narcotráfico un problema de seguridad nacional más que de salud pública.
Su mensaje no
está dirigido a México, sino a sus votantes: endurecer su postura contra los
cárteles refuerza su narrativa de un país “asediado” por la criminalidad
extranjera.
En contraste,
Claudia Sheinbaum ha tratado de equilibrar una postura de cooperación sin ceder
en el tema de soberanía.
Su estrategia de
prevención con la campaña Aléjate de las drogas ha sido bien recibida, al grado
de que Trump la elogió públicamente. Sin embargo, el reconocimiento de Trump es
más un gesto estratégico que una coincidencia.
El elogio de
Sheinbaum cumple una doble función: por un lado, busca suavizar el golpe de la
declaración de terrorismo, evitando una respuesta hostil inmediata de México.
Por otro, la
inserta en la narrativa estadounidense como una aliada en la lucha contra el
fentanilo, reforzando la idea de que México está tomando medidas concretas
Aquí es donde se
encuentra la paradoja: mientras Sheinbaum rechaza cualquier injerencia
extranjera, su gobierno deberá seguir colaborando con Estados Unidos en
inteligencia financiera, control fronterizo y extradiciones.
La diferencia
radica en que México quiere que esa cooperación sea en términos de igualdad y
no bajo una imposición.El problema del narcotráfico no es un fenómeno aislado
de México, sino un conflicto transnacional en el que Estados Unidos es un actor
clave.
La política de
Trump de etiquetar a los cárteles como terroristas omite una verdad incómoda:
el crimen organizado no podría operar sin la demanda de drogas y los flujos de
dinero provenientes de Estados Unidos.
La designación
de terrorismo puede traducirse en nuevas restricciones comerciales para
empresas mexicanas bajo la sospecha de vínculos con el narcotráfico.
Esto afectaría
sectores económicos más allá del crimen organizado, golpeando a exportadores,
bancos y comerciantes que dependen del comercio con EE.UU.
Además, si la
política de Trump se endurece aún más, podríamos ver un aumento en la presión
sobre México para aceptar una mayor presencia de agencias estadounidenses como
la DEA y el FBI en territorio nacional, algo que históricamente ha sido motivo
de tensiones diplomáticas.
El desenlace de
esta situación dependerá de dos factores: la reacción del gobierno de Sheinbaum
y el resultado de la elección en EE.UU. Si Biden logra reelegirse, es probable
que la relación bilateral siga bajo el esquema tradicional de cooperación con cierto
respeto a la soberanía mexicana.
Pero si Trump
regresa a la Casa Blanca, México podría enfrentar un escenario de mayor
presión, con posibles amenazas de intervención o sanciones económicas.
En este
contexto, México necesita consolidar una estrategia de defensa de su soberanía
sin aislarse de la cooperación internacional.
Apostar por el
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad, la inteligencia financiera y
la cooperación con otros países de América Latina podría ser clave para reducir
la dependencia de EE.UU. en la lucha contra el crimen organizado.
Trump ha hecho
su jugada, ahora le toca a Sheinbaum definir si responderá con firmeza o con
pragmatismo. Lo que está en juego no es solo la política antidrogas, sino la
capacidad de México de mantener su soberanía en un mundo donde la seguridad se
ha convertido en una excusa para la intervención.
RETRASO
El anuncio del
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa (STJES),
Jesús Iván Chávez Rangel, de que en marzo iniciarán los trabajos para reformar
la Constitución local y así dar paso a una reforma judicial en la entidad,
marca un punto clave en la reconfiguración del sistema de justicia estatal.
Sin embargo,
esta declaración deja en evidencia el rezago de Sinaloa en comparación con
otras entidades que ya han avanzado en esta transformación.
A nivel
nacional, la reforma judicial ha sido uno de los temas más relevantes en la
agenda política, sobre todo por la elección de jueces, magistrados y ministros,
que tendrá lugar en 2025. En ese sentido, Chávez Rangel adelantó que Sinaloa no
alcanzará a implementar una elección judicial en el corto plazo, pues aún está
en la fase inicial del proceso.
Este retraso
puede interpretarse desde varias ópticas. Por un lado, muestra la falta de
planeación y voluntad política para agilizar la reforma. Mientras otros estados
han avanzado en los cambios constitucionales y legales, Sinaloa aún está en la
fase preparatoria, lo que significa que cualquier modificación real en su
sistema judicial ocurrirá hasta después de 2025.
Por otro lado,
también podría responder a un enfoque más conservador y analítico, que busca
implementar la reforma de manera ordenada, evitando improvisaciones.
Sin embargo,
esta cautela tiene un costo: el estado quedará rezagado en un proceso que busca
redefinir la impartición de justicia en el país.
La reforma
judicial impulsada a nivel federal ha generado polémica, especialmente por la
elección de jueces y magistrados mediante voto popular. Este modelo ha sido
defendido por el oficialismo como una vía para democratizar el sistema judicial
y eliminar cotos de poder.
Sin embargo,
críticos argumentan que podría politizar aún más la justicia, abriendo la
puerta a la influencia de grupos con intereses ajenos a la imparcialidad
judicial.
Sinaloa, al
quedar fuera del proceso de elección judicial en 2025, tiene la oportunidad de
observar los resultados en otras entidades antes de definir su propio modelo de
reforma.
No obstante,
esto también significa que estará en desventaja para acceder a los posibles
beneficios que traiga consigo la transformación del sistema judicial en el
país.
Más allá de la
reforma judicial, Chávez Rangel destacó otro desafío importante: la
implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este
cambio busca establecer un modelo de justicia más ágil, basado en la oralidad,
lo que implica una reestructuración en la forma en que se llevan los juicios en
materia civil, familiar y mercantil.
El problema es
que muchos tribunales estatales aún no están preparados para esta transición.
En el caso de Sinaloa, la capacitación de jueces, la modernización de la
infraestructura judicial y la adecuación de los procedimientos serán
fundamentales para cumplir con la meta de 2027.
El hecho de que
Sinaloa apenas inicie el proceso de reforma judicial cuando otras entidades ya
han avanzado refleja una falta de sincronización con la agenda nacional. Si
bien esto le permite analizar los resultados en otros estados, también lo deja
en una posición de rezago.
La clave estará
en cómo se implementen los cambios en los próximos años. Si la reforma se
limita a ajustes superficiales, el estado seguirá enfrentando los mismos
problemas estructurales en la impartición de justicia.
Pero si se logra
una transformación profunda, Sinaloa podría convertirse en un caso de éxito,
aprovechando la experiencia de otras entidades para construir un sistema
judicial más eficiente y accesible.
ACCIONES
El alcalde Juan
de Dios Gámez Mendívil sigue avanzando en la distribución de recursos a
comerciantes y vendedores ambulantes mediante el Programa de Apoyos Económicos
Emergentes, que en su segunda fase ya ha beneficiado a más de 5,400 personas en
situación vulnerable.
Durante un
evento realizado en el patio del Ayuntamiento, el mandatario municipal reiteró
su compromiso con el sector comercial, destacando que, además del apoyo
financiero, el Cabildo aprobó la condonación del pago de permisos durante
febrero para brindar un mayor alivio económico.
Los
beneficiarios manifestaron su gratitud por esta ayuda. María Silvia Valdés,
locataria del Mercado Garmendia, señaló que el apoyo le permitirá adquirir
medicamentos que no había podido costear, mientras que Josefina Reyes,
florista, comentó que destinará los recursos al pago de facturas acumuladas en
su hogar.
El programa,
respaldado por el gobernador Rubén Rocha Moya, continúa en marcha con el
objetivo de fortalecer la recuperación económica local y brindar estabilidad a
quienes dependen del comercio para su sustento.
CERTEZA
La Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS) otorgó 105 titularidades docentes en la Preparatoria
Emiliano Zapata, reafirmando el compromiso del rector Jesús Madueña Molina de
brindar estabilidad laboral a los trabajadores universitarios.
Durante la
ceremonia, el rector destacó que su administración ha impulsado una política
humanista y de justicia laboral, asegurando un número récord de titularidades.
Asimismo, adelantó que este año se trabaja en una propuesta para homologar los
ingresos de los docentes de asignatura con los de la zona sur del estado.
“El objetivo es
beneficiar a más trabajadores y dar certidumbre laboral a cada docente”,
enfatizó Madueña Molina, llamando a la unidad dentro de la institución para
continuar generando mejoras en las condiciones laborales y académicas.
El evento contó
con la presencia de funcionarios universitarios y representantes sindicales,
quienes coincidieron en que esta medida permitirá el crecimiento profesional de
los docentes y consolidará la calidad educativa de la UAS.
