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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “No vayas contra lo que es justo para conseguir el elogio de los demás”, Lao-Tsé REFORMA La Reforma ...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“No vayas contra lo que es justo para conseguir el elogio de los demás”, Lao-Tsé
REFORMA
La Reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), aprobada en el Senado de la República, plantea una serie de interrogantes sobre su viabilidad, alcance y posibles riesgos.
Aunque el objetivo declarado de la modificación es garantizar viviendas dignas a la población mediante la creación de una empresa estatal de construcción sujeta a mecanismos de control y transparencia, el debate legislativo evidenció una polarización entre el oficialismo y la oposición, lo que sugiere la necesidad de un análisis crítico más profundo.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la posibilidad de que el Infonavit no solo otorgue créditos para la compra de vivienda, sino que también desarrolle proyectos de construcción y ofrezca esquemas de arrendamiento social con opción de compra.
Si bien este modelo podría beneficiar a los trabajadores con menores ingresos, la implementación de un esquema de tal magnitud requiere una administración eficiente y una estricta supervisión financiera.
La preocupación de la oposición, representada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, radica en la posibilidad de que los ahorros de los trabajadores sean utilizados sin los suficientes candados de transparencia, lo que abriría la puerta a opacidades en el manejo de los recursos.
La intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la regulación del nuevo esquema es un punto clave, ya que pretende garantizar un manejo prudente de los fondos.
No obstante, la crítica de algunos legisladores radica en la posible falta de autonomía del Infonavit frente al Gobierno Federal, lo que podría derivar en un uso discrecional de los recursos para fines políticos o clientelares.
La inclusión de la Auditoría Superior de la Federación como ente fiscalizador es un paso positivo, pero su alcance está limitado, pues los créditos individuales de los trabajadores quedan fuera de su revisión.
Además, la promesa de construir 500 mil viviendas bien ubicadas y destinadas a trabajadores de bajos ingresos es ambiciosa, pero plantea dudas sobre la capacidad operativa del Infonavit para convertirse en una entidad desarrolladora de vivienda.
Históricamente, el instituto ha funcionado como intermediario financiero, no como constructor, por lo que su incursión en este nuevo modelo requerirá una reestructuración profunda y un marco de gestión que evite los problemas de corrupción y sobrecostos que han afectado otros proyectos gubernamentales.
Otro elemento relevante es la viabilidad de los arrendamientos accesibles con opción a compra.
Si bien la intención de facilitar el acceso a la vivienda es loable, la efectividad de este esquema dependerá de la capacidad de pago de los beneficiarios, la estabilidad del mercado inmobiliario y la correcta administración de los contratos de arrendamiento.
La falta de claridad en los criterios para seleccionar a los beneficiarios y en los mecanismos de evaluación del impacto de la reforma añade incertidumbre sobre su éxito a largo plazo.
En conclusión, la reforma al Infonavit representa una transformación profunda en el modelo de financiamiento de vivienda en México, con el potencial de beneficiar a millones de trabajadores.
Sin embargo, el desafío radica en su implementación, transparencia y fiscalización efectiva.
Sin un marco robusto de control y rendición de cuentas, existe el riesgo de que esta reforma se convierta en un instrumento de manejo discrecional de recursos en lugar de una solución real para la crisis habitacional del país.
La vigilancia ciudadana y legislativa será crucial para asegurar que los objetivos planteados se cumplan en beneficio de la población trabajadora y no se desvíen hacia intereses políticos o económicos ajenos a su propósito original.
CRÍA CUERVOS
La reciente movilización de personas en busca de la asignación de terrenos ha puesto en la mira a personajes que, lejos de actuar en favor del bienestar social, parecen estar utilizando la necesidad de vivienda como un instrumento de presión política.
En el centro de esta estrategia aparece el Movimiento de Acción Social y Solidaria (MASS), encabezado por el diputado Miguel Ángel Gutiérrez, en coordinación con el exdirector de Vivienda y Tenencia de la Tierra, Arturo Cázares.
Este fenómeno recuerda a lo sucedido con las familias del Cvive, donde grupos organizados presionaron para obtener terrenos bajo la premisa de una necesidad legítima, pero como se vio en la manifestación de este jueves, es de intereses políticos evidentes.
En este caso, la relación entre Cázares y Gutiérrez despierta serias sospechas sobre la naturaleza de estas movilizaciones, que más que espontáneas, parecen responder a una estrategia calculada.
El problema no radica en la lucha por vivienda digna, un derecho legítimo de toda persona, sino en la manera en que ciertos actores políticos manipulan estas demandas para su propio beneficio.
La utilización de estructuras organizadas como MASS para movilizar a personas en situación de vulnerabilidad y presionar a las autoridades sugiere un uso faccioso de las necesidades sociales con fines políticos.
El diputado Miguel Ángel Gutiérrez, en su calidad de legislador, debería concentrarse en impulsar políticas públicas que den soluciones reales y sustentables al problema de la vivienda, en lugar de operar desde las sombras con mecanismos que generan incertidumbre y desestabilización.
Su involucramiento en estos movimientos no solo pone en duda su compromiso con la legalidad, sino que además devela un patrón preocupante en el que la política y el oportunismo se entrelazan para fines particulares.
Es fundamental que las autoridades estatales y municipales investiguen a fondo esta situación para evitar que la legítima demanda de vivienda se convierta en un botín político.
La ciudadanía merece respuestas claras y acciones que garanticen transparencia en la asignación de terrenos, sin intermediarios que lucren con la necesidad de los más vulnerables.
ACCIONES
La aprobación del Programa Anual de Obras Públicas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) para el ejercicio fiscal 2025 representa un avance significativo en la modernización y expansión del suministro de agua en el municipio.
La decisión, tomada en sesión ordinaria de Cabildo y encabezada por el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, refleja un compromiso claro con la mejora de los servicios públicos esenciales.
Uno de los aspectos más destacables del programa es la inversión en infraestructura hídrica, que busca garantizar el acceso al agua potable para más habitantes de Culiacán.
La construcción de la planta potabilizadora en la zona sur, con una inversión de 207 millones de pesos, es un paso clave para mejorar la capacidad de abastecimiento. A esto se suman proyectos adicionales en la zona norte, con un presupuesto de 80 millones de pesos, y en la zona oriente, a la altura del margen del río, lo que permitirá ampliar la cobertura y eficiencia del sistema.
El enfoque integral del programa también se extiende a la mejora de la infraestructura rural, beneficiando comunidades como La Pitahayita, que recientemente obtuvo acceso a agua corriente.
Estas acciones no solo refuerzan el desarrollo sostenible de la región, sino que también demuestran una gestión enfocada en la equidad y el bienestar social.
En términos generales, la aprobación de este programa refleja una planificación estratégica que busca atender las necesidades prioritarias del municipio.
La inversión en agua potable es una apuesta por el futuro de Culiacán, garantizando un recurso vital para el crecimiento y la calidad de vida de sus habitantes.
La coordinación entre el gobierno municipal y la JAPAC es clave para asegurar que estos proyectos se ejecuten con eficiencia y transparencia, consolidando un modelo de gestión pública que pone en el centro a la ciudadanía.
