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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “El conocimiento si no se sabe aplicar es peor que la ignorancia”, Charles Bukowski ¡PÁCATELAS! ...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“El conocimiento
si no se sabe aplicar es peor que la ignorancia”, Charles Bukowski
¡PÁCATELAS!
La revelación de
la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las irregularidades en la
investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), expone una preocupante falla en el
sistema de justicia penal de México.
La decisión de incinerar su cuerpo antes de
realizar una investigación exhaustiva no solo constituye un error investigativo
de gran magnitud, sino que también podría tener consecuencias legales graves,
que ponen en tela de juicio la integridad del proceso judicial en este caso.
Desde el inicio,
las fallas en la necropsia y la preservación de la escena del crimen indicaron
un manejo deficiente del caso por parte de la Fiscalía de Sinaloa.
La incapacidad
para determinar de manera precisa la causa y las circunstancias de la muerte,
sumada a la falta de recolección de evidencia en la camioneta donde se encontró
el cuerpo, son solo algunos de los errores señalados por la FGR. Sin embargo,
la decisión de incinerar el cuerpo sin haber agotado todas las posibilidades
investigativas es, sin duda, el error más grave, pues imposibilita cualquier
revisión posterior y compromete la búsqueda de la verdad.
Legalmente, la
incineración del cuerpo de Cuén Ojeda sin una justificación adecuada viola los
protocolos establecidos en la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Estos marcos
legales exigen que las evidencias, incluidos los cuerpos de las víctimas, se
preserven íntegramente para asegurar una investigación exhaustiva. Al no
cumplir con estos estándares, las autoridades de Sinaloa no solo podrían
enfrentar sanciones, sino que también han puesto en peligro la posibilidad de
llevar a cabo un juicio justo.
Este error
también abre la puerta a posibles nulidades en el proceso penal. La defensa de
los imputados podría argumentar que la investigación fue defectuosa, socavando
la validez de las pruebas presentadas. En un sistema judicial ya debilitado por
la impunidad y la corrupción, este tipo de fallas solo refuerza la percepción
pública de que la justicia en México es inaccesible para las víctimas y sus
familias.
Además, no
podemos ignorar las implicaciones para los funcionarios públicos involucrados
en este caso. En México, la negligencia en la preservación de pruebas puede
constituir un delito penal, como el ejercicio indebido de la función pública o
el encubrimiento.
Los responsables
de la incineración del cuerpo de Cuén Ojeda podrían enfrentar no solo sanciones
administrativas, sino también responsabilidades penales, lo que llevaría a una
mayor desconfianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
Finalmente, este
lamentable incidente subraya una vez más la necesidad de reformar profundamente
el sistema de justicia penal en México.
Las víctimas y sus familias tienen derecho a
una investigación diligente y exhaustiva, como lo establece la Ley General de
Víctimas.
La incineración
prematura de un cuerpo en un caso de asesinato es una violación clara de estos
derechos y demanda una respuesta contundente de las autoridades para garantizar
que no se repita
La incineración
de Héctor Melesio Cuén Ojeda es un recordatorio trágico de cómo las fallas en
el sistema de justicia pueden tener consecuencias irreversibles.
Este caso no
solo afecta a una familia que busca justicia, sino que también plantea serias
preguntas sobre la capacidad de nuestras instituciones para garantizar un
debido proceso.
Es imperativo
que se tomen medidas para corregir estas deficiencias y restaurar la confianza
en el sistema judicial mexicano.
El caso de
Héctor Melesio Cuén Ojeda, tal como lo presenta la FGR, expone serias
deficiencias en la investigación realizada por la Fiscalía de Sinaloa.
Estas
deficiencias no solo ponen en riesgo la resolución del caso, sino que también
revelan problemas estructurales y operativos dentro de las instituciones
locales.
Es fundamental
que se lleve a cabo una revisión exhaustiva y transparente de todo el proceso,
y que se tomen medidas correctivas para evitar que situaciones similares
ocurran en el futuro.
Solo a través de
un esfuerzo concertado por parte de las autoridades para corregir estos errores
se podrá avanzar en la búsqueda de justicia para Cuén Ojeda y para todos
aquellos que confían en el sistema legal para proteger sus derechos.
Esto sin duda,
es una bomba de tiempo.
HOMENAJE
En una sesión de
cabildo en Mazatlán, se rindió un emotivo homenaje a Héctor Melesio Cuén Ojeda,
exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y destacado político
sinaloense, quien fue asesinado a balazos en julio de 2024.
Las regidoras
América Carrasco y Francis Osuna, ambas del Partido Sinaloense, tomaron la
palabra para honrar la memoria de un hombre que dejó una marca profunda en la
política y la educación del estado.
Durante la
sesión, se destacó la extensa trayectoria de Cuén Ojeda, quien no solo fue
rector de la UAS, sino también presidente municipal de Culiacán y diputado. Se
resaltó su papel en la creación del Partido Sinaloense, que se ha consolidado
como una de las principales fuerzas políticas del estado.
Las regidoras
presentaron un recorrido por los logros y contribuciones de Cuén, subrayando su
impacto en la educación y la política, así como su visión para transformar la
UAS en una institución más inclusiva y moderna.
El
reconocimiento público a Cuén Ojeda durante la sesión de cabildo es, sin duda,
un reflejo del legado que dejó en Sinaloa.
Sin embargo,
este homenaje también nos invita a reflexionar sobre las circunstancias que
rodearon su muerte y las implicaciones que tiene para la seguridad y la
justicia en el estado.
El asesinato de
una figura pública como Cuén Ojeda no solo es una tragedia personal para su
familia y sus allegados, sino también un golpe a la sociedad sinaloense.
Su muerte
plantea preguntas inquietantes sobre la violencia que persiste en la región y
la capacidad de nuestras instituciones para proteger a aquellos que se dedican
al servicio público.
El alcalde Edgar
González Zatarain, al tomar la palabra, reconoció que Cuén Ojeda no era
“cualquier hombre”, sino una figura política que dejó una huella imborrable en
el estado.
Este
reconocimiento es importante, pero no debe eclipsar la necesidad de una
investigación exhaustiva y transparente sobre su asesinato. La memoria de Cuén
Ojeda merece justicia, y la sociedad sinaloense merece respuestas.
El aplauso de
pie que los presentes ofrecieron en homenaje a Héctor Melesio Cuén Ojeda es un
gesto que, aunque significativo, debe ir acompañado de un compromiso firme para
esclarecer su muerte y garantizar que aquellos que lo admiraron y trabajaron
junto a él puedan continuar su legado en un entorno seguro y justo.
EN PAUSA
La impugnación
de la elección de la presidencia municipal de Ahome está actualmente en manos
del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin). El proceso se ha
extendido debido a la solicitud de información adicional por parte del
Tribunal, lo que sugiere que se está realizando un análisis detallado y
cuidadoso de la situación.
Luis Felipe
Bernal Hernández, presidente del Consejo Municipal Electoral, ha mencionado que
se han entregado los datos solicitados, particularmente en relación con las
representaciones plurinominales, lo que es crucial para que el Tribunal pueda
cerrar sus propuestas y avanzar en su análisis.
Sin embargo, la
entrega de esta información podría llevar a una extensión en el tiempo de
resolución del caso.
Por su parte,
Carlos Jesús Patiño, abogado del Partido Acción Nacional y representante del
candidato Mingo Vázquez, ha expresado su optimismo ante este avance, aunque
también reconoce que la revisión exhaustiva de la nueva documentación podría
retrasar la decisión final.
La expectativa
de que el Teesin pueda resolver la impugnación en la próxima semana se enfrenta
a la realidad de que un análisis profundo puede requerir más tiempo, lo que
podría dilatar el procedimiento.
La situación,
por tanto, sigue en desarrollo, con la posibilidad de que el veredicto final se
extienda más allá de lo inicialmente previsto.
