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La reciente declaración del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada ha puesto en el centro del debate político y judicial una serie de eventos que involucran a figuras clave en Sinaloa. Según Zambada, el asesinato del exrector de la UAS, Héctor Cuén, está vinculado a su propio secuestro y traslado a Estados Unidos el 25 de julio. Estas afirmaciones han llevado a la Fiscalía General de la República (FGR) a tomar medidas inmediatas, incluyendo la solicitud de atracción federal del caso y la comunicación directa con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El alegato de Zambada acerca de la conexión entre su secuestro y el asesinato de Cuén ha generado una ola de especulación y preocupación. En su relato, Zambada asegura que Cuén fue asesinado en el mismo lugar y a la misma hora en que él fue capturado, un detalle que desafía la versión oficial que describe un robo fallido en una gasolinera. Estas declaraciones han llevado a la FGR a iniciar investigaciones específicas en la zona de Huertos del Pedregal y en el aeródromo desde el cual, presuntamente, se llevó a cabo el traslado de los capos.
La respuesta del gobernador Rubén Rocha Moya ha sido firme. El mandatario estatal ha desmentido las afirmaciones de Zambada, asegurando que no se encontraba en Sinaloa en la fecha mencionada y rechazando cualquier vínculo con el crimen organizado. Rocha Moya ha enfatizado la transparencia y la falta de complicidad en su administración, alineándose con la política del presidente de evitar asociaciones con grupos delictivos.
Este conflicto pone de manifiesto la complejidad de la relación entre la política y el crimen organizado en Sinaloa. La investigación en curso y las respuestas oficiales de las autoridades deberán esclarecer los hechos y asegurar que la verdad prevalezca. La participación de la FGR y la cooperación con el gobierno estatal serán cruciales para desentrañar la verdad detrás de estas graves acusaciones y para restaurar la confianza pública en las instituciones encargadas de mantener el orden y la justicia.
