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La creación de una Procuraduría Ambiental en Sinaloa es una iniciativa que no puede esperar más. La diputada Giovanna Morachis Paperini, presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, ha dejado claro que la actual legislatura no contará con el tiempo ni el presupuesto necesario para establecer esta institución crucial. Sin embargo, la necesidad de proteger nuestro entorno y asegurar un desarrollo sustentable es imperativa.
La propuesta de la diputada de Morena, Alma Rosa Garzón Aguilar, para crear la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa y restructurar el Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable, es un paso en la dirección correcta. Esta iniciativa busca reformar la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y expedir la Ley Orgánica de la Procuraduría de Protección al Ambiente, dotando a este nuevo órgano de autonomía y poder de acción en materia de denuncia, verificación, auditoría y protección ambiental.
Sinaloa, como muchas otras regiones, enfrenta retos ambientales significativos que requieren una respuesta estructurada y con recursos adecuados. La creación de una Procuraduría Ambiental con autonomía de gestión y patrimonio propio es fundamental para asegurar que las políticas ambientales no solo se diseñen sino que se implementen y se vigilen de manera efectiva.
La falta de presupuesto asignado para este año es una lamentable barrera, pero no debe ser una excusa para postergar una necesidad tan apremiante. La próxima legislatura debe tomar esta iniciativa con seriedad y asignar los recursos necesarios para su implementación. El futuro de nuestro medio ambiente y la calidad de vida de las generaciones venideras dependen de las decisiones que tomemos hoy.
Además, la propuesta de modificar la integración del Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable para hacerlo más inclusivo y transferir sus atribuciones a la nueva Procuraduría es una estrategia inteligente. Ciudadanizar este consejo podría garantizar una mayor participación y vigilancia ciudadana, promoviendo una gobernanza más transparente y eficiente en temas ambientales.
En conclusión, la creación de la Procuraduría Ambiental en Sinaloa no solo es necesaria, sino urgente. Es responsabilidad de la próxima legislatura asegurar que se asignen los recursos adecuados y se adopten las medidas necesarias para proteger nuestro entorno. La iniciativa de Alma Rosa Garzón Aguilar es un faro de esperanza, pero requiere voluntad política y compromiso por parte de todos los actores involucrados. No podemos permitirnos seguir postergando acciones que son vitales para el bienestar de nuestra tierra y de nuestras comunidades. Es hora de actuar con decisión y responsabilidad.
