José María Flores Soto advirtió que aquellos que violen estas regulaciones podrían enfrentar inhabilitaciones de hasta 10 años para ocupar...

José María Flores Soto advirtió que aquellos que violen estas regulaciones podrían enfrentar inhabilitaciones de hasta 10 años para ocupar cargos públicos.
El Fuerte, Sinaloa.- Con el proceso electoral en marcha, el presidente municipal de El Fuerte José María Flores Soto hizo un llamado a todos los funcionarios públicos para que definan sus actividades en aras de ajustarse a las regulaciones electorales y evitar posibles sanciones.
Flores Soto enfatizó la importancia de que los funcionarios tomen decisiones claras en cuanto a su participación en las campañas electorales es decir, si tienen interés por algún candidato o partido, tienen todo el derecho pero deben hacerlo respetando las normativas electorales vigentes.
“Hay un proceso electoral ya en marcha. Y ¿Nosotros qué hacemos? Un llamado a todos, a que definan en estos días lo que van a hacer. Si van a ir a apoyar campañas, tienen todo el derecho y la libertad. Pero también, si se van a quedar, no lo van a poder hacer. Y si lo hacen, se deben atender a los ordenamientos, a los acuerdos que está tomando la autoridad electoral, el órgano electoral”, expresó
El alcalde sustituto recordó que recientemente, los medios informaron sobre un acuerdo del Instituto Estatal Electoral que establece sanciones para los funcionarios que se involucren en campañas durante días hábiles. Según este acuerdo, aquellos que violen estas regulaciones podrían enfrentar inhabilitaciones de hasta 10 años para ocupar cargos públicos.
“Y en ese acuerdo, pues dicen que puede haber una inhabilitación hasta por 10 años a los funcionarios que se involucran en campañas en días hábiles. ¿Qué oportunidad les dan? De acuerdo a lo que yo escuché, la oportunidad que les dan es que en los días de descanso puedan hacer labores de campaña en comparación con algún partido o candidato”, asentó
En ese sentido el presidente de El Fuerte mostró su confianza que los funcionarios públicos atenderán las regulaciones electorales y evitar así cualquier violación que pueda comprometer la integridad del proceso electoral y de la propia administración pública.
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