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Brecha Antonio Quevedo Susunaga En México, debemos entender que un “Juicio Político” es un juicio penal con implicaciones políticas, el gobi...
Brecha
Antonio Quevedo Susunaga
En México, debemos entender que un “Juicio Político” es un juicio penal con implicaciones políticas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió llevar a juicio político a jueces y magistrados ante la Cámara de Diputados.
El Poder Judicial en México es un poder, que a juicio del legislativo y el ejecutivo está fuera de control, viola las leyes con interpretaciones que dañan al Estado y favorecen a particulares poderosos.
Los jueces y magistrados han perdido la cordura, sueltan delincuentes con base en interpretaciones risibles o los magistrados desecharon una acción abusando de su poder. ¿Esto es nuevo? La respuesta es no. Desde hace más de 30 años los gobiernos han actuado con toda impunidad. También gobernadores.
El juicio político lleva el siguiente camino, la Cámara de Diputados es un órgano de acusación y la de Senadores como órgano de sentencia, estas acciones están fundamentadas en el artículo 110 de la Constitución.
Al Poder Judicial en México se le atribuye que está protegiendo los intereses de los empresarios ricos, de políticos poderosos o grandes poderes internacionales, razón por la cual, los diputados recibieron la denuncia, aunque dicha comisión está hecha para no resolver, está integrada por dos diputados de Morena, uno del PRI y otro del PAN, el resultado en el ámbito político, debe saber cuál será. Y partiendo de que los legisladores, responden a intereses de grupo, al igual que los jueces, magistrados y gobernadores.
En México la administración de la justicia es letra muerta, es la “carabina de Ambrosio” y el ejemplo lo tenemos en pleito del gobernador Rubén Rocha Moya que tiene contra la Universidad Autónoma de Sinaloa, que a pesar de haber resoluciones de jueces federales, el gobierno del estado, estos resolutivos, se los ha pasado por el arco del triunfo.
Y aunque no tenga razón legal el gobernador, quitó al rector Jesús Madueña y ahora quiere quitar a Robespierre Lizárraga, porque no se pega a sus intereses políticos y ambición de poder.
¿Y no sería bueno que se llevará a Rocha Moya a Juicio político por los excesos de poder?
La realidad en México es que los jueces y magistrados tienen dos patrones, el gobierno de México y los grandes poderosos o grandes jefes del narco, esto no es nuevo.
En México como en el mundo entero, las leyes protegen a los poderosos y los ricos, esto lo vemos a diario en México y es un tema que resalta cuando el gobierno se siente afectado por este poder, es cuando nos enteramos de que las cosas no andan bien.
En estas denuncias que presentó la Secretaría de Gobernación ante la Cámara de Diputados, me quiero equivocar y pensar que funcionarán muy bien los diputados y senadores.
La otra verdad amarga, es que las fiscalías estatales son una vergüenza, al recibir la apariencia de independiente, cuando en la práctica siguen ligadas o a los intereses del gobernante o de otros poderes. El que paga las consecuencias son los ciudadanos.
Los juicios políticos que está promoviendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ojalá arrojen resultados, de lo contrario seguiremos años de simulación.
Es muy posible que los gobiernos de la “Cuarta Transformación” algún día funcionen, porque en Sinaloa, es una mentira la transformación o los cambios emprendido por un “líder de izquierda”.
El Poder Judicial de la Federación y de los Estados deben transformarse, pero no hay ninguna garantía que lo hagan, como tampoco las Fiscalía, que se convirtieron en el garrote que usan los gobernadores o el presidente de la república.
