Culiacán, Sinaloa.- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en ningún momento se negó a atender al representante de la Auditoría Superior d...
Culiacán, Sinaloa.- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en ningún momento se negó a atender al representante de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que acudió con un equipo de 11 auditoras a las instalaciones universitarias, tampoco se opuso a atender a dichos funcionarios, en cambio el abogado general de la UAS, doctor Robespierre Lizárraga Otero denunció que hubo dolo por parte de las autoridades estatales, específicamente de la Auditora Emma Guadalupe Félix Rivas e irregularidades en estos actos.
“De manera arbitraria, autoritaria e ilegal quisieron adjuntar un acta que no corresponde con lo que se estaba desarrollando y un aspecto que causa agravio y extrañeza es que se estaba desarrollando el acta, porque la diligencia comenzó a las 10:45 horas y culminó a las 18:00 horas, y a las 16:16 horas un medio de comunicación ya reportaba que la Auditora Superior del Estado, la licenciada Emma Félix, estaba manifestando que la Universidad sería sancionada antes de que terminara la diligencia, lo cual evidentemente da luces de un proceso absoluta y totalmente llevado a cabo con irregularidad y evidente ilegalidad”, enfatizó.
Lizárraga Otero, la Contadora General, maestra Rebeca Carrasco y el asesor legal, licenciado Alfonso Carlos Ontiveros Salas emitieron un comunicado en vivo a través de las plataformas institucionales luego de que tres abogados del área jurídica de la ASE y 12 auditores llegaran al edificio de Rectoría a las 10:00 horas de este jueves.
“Es total y absolutamente falso cuando se expresa que la Universidad no se quiere auditar, si es fiel a su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas”, expresó el también director jurídico al precisar que la UAS está siendo auditada por la Auditoría Superior de la Federación, practicándole 3 auditorías a sus recursos.
Detalló que el 18 de enero, la UAS recibió un documento de la ASE donde se comunica la intención de practicar auditorías y fue contestado el 26 de enero, fundamentando que dicha dependencia carece de facultades para ello; el 24 de marzo se recibe un segundo oficio reiterando la intención de auditar pero en esta ocasión a los ingresos propios; el 28 de marzo llega una notificación de práctica de auditoría para que el 30 de marzo a las 10:30 horas iniciara esa revisión a los ingresos propios de la Casa Rosalina y el 29 de marzo la UAS reitera su respuesta en oficio entregado a la oficialía de partes de la ASE volviendo a fundamentar que no tienen atribuciones para realizar tales auditorías.
Este jueves 30 de marzo a las 10:00 horas llegaron a Rectoría tres abogados de la ASE para entregar un documento a Rectoría, pero al no encontrarse el Rector por motivos de agenda, el abogado general los recibió y se presentó debidamente acreditado como representante legal de la UAS, con poder notarial firmado por el Rector para recibir dicho documento, y ante la presencia del Notario Público Número 162, Ismael Arenas Espinoza, los funcionarios estatales no hicieron la entrega del documento argumentando que debía ser recibido por el Rector.
“Llenaron un acta en la cual no participamos en su firma en virtud de que lo que señala ahí no corresponde con la realidad (…) ante notario público le manifestamos la incongruencia en que el personal de la ASE estaba cayendo”, explicó Lizárraga Otero.
A las 10:45 horas llegó un equipo de auditores, fueron atendidos y se les manifestó que carecían de facultades para auditar a la UAS tanto por la Ley Orgánica de la Universidad como por el artículo segundo fracción XX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la cual se determina que los recursos propios de la Universidad no forman parte de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, sin embargo, en el acta que redactaron se asentó que la UAS se negaba a que se le practicara la auditoría.
El abogado señaló que causó extrañamiento el hecho de que mientras el personal de la ASE elaboraba el acta, realizaba llamadas telefónicas con sus “superiores” e iban modificando el documento y constantemente lo que iban redactando lo compartían por correo electrónico con alguien y se les hizo ver que este acto que realizaban violenta lo dispuesto por el juez primero de distrito en cuanto a la suspensión definitiva otorgada a la UAS, lo que ocasionó que quisieran introducir un acta de una diligencia distinta “violentando a todas luces el acto que se estaba realizando”.
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