Mientras en el país persisten altos niveles de incidencia delictiva, 16 mil 916.5 millones de pesos dejaron de ser ejercidos en dependencias...
Mientras en el país persisten altos niveles de incidencia delictiva, 16 mil 916.5 millones de pesos dejaron de ser ejercidos en dependencias encargadas de contener la violencia en el país, durante el primer semestre del 2022.
De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al segundo trimestre, este subejercicio pesó sobre actividades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El documento indica que la Sedena sólo gastó 44 mil 334.2 millones de pesos de los 54 mil 184.6 millones aprobados para este semestre, debido a menores recursos destinados para la defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional, así como actividades de apoyo administrativo; además, no se realizaron gastos como la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez, tenía aprobados 27 mil 125.7 millones de pesos, de los que sólo 20 mil 59.6 millones fueron erogados; este nivel de ejercicio en el gasto público tuvo impacto en las provisiones para infraestructura de seguridad, la administración del Sistema Federal Penitenciario y actividades de apoyo administrativo.
De acuerdo con estadísticas del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), la tasa de víctimas del total de delitos registrados durante este primer semestre fue de 96.6 por cada cien mil habitantes, lo que significa 6.8 por ciento más que el semestre inmediato anterior, cuando el indicador fue de 90.4.
Contrario a los subejercicios de las dependencias mencionadas, la Secretaría de Marina erogó 602 millones de pesos más que los 16 mil 979 millones de pesos aprobados, los cuales fueron utilizados para emplear el poder naval con el fin de salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, pero también para proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.
La seguridad, sin embargo, no fue el único sector en el que fueron retenidas las partidas presupuestales, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subejerció 101.6 millones, a raíz de una disminución en las erogaciones para atender asuntos relacionados con las personas migrantes, así como en actividades de apoyo administrativo.
Otro sector impactado fue salud, cuyo subejercicio de 16 mil 046.5 millones de pesos se reflejó en menos recursos para el Programa de Vacunación, para las actividades de apoyo administrativo y “sin recursos para el fortalecimiento de los servicios estatales de salud”.
Mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública dejó 24 mil 926.6 millones de pesos sin gastar y redujo el gasto en programas como las Becas Benito Juárez y en La Escuela Es Nuestra. Por otro lado, el Conacyt recortó 168.3 millones de pesos en recursos al Sistema Nacional de Investigadores y al programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad.
El panorama fue diferente para otras dependencias del Gobierno federal, como la Secretaría de Turismo, que gastó 20 mil 901.4 millones de pesos más de los 52 mil 212.4 millones aprobados, con los que se incrementó el presupuesto para proyectos de transporte masivo de pasajeros, así como para estudios de preinversión y mantenimiento de infraestructura.
