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Se recrudece asesinato de activistas y defensores; suman 110

Perseguida por dos hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta en Puebla, este sábado, la abogada feminista Cecilia Monzón se su...



Perseguida por dos hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta en Puebla, este sábado, la abogada feminista Cecilia Monzón se sumó a las otras 109 personas activistas y defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio.

A poco más de la mitad de la actual administración, esta cifra ya representa 68.3 por ciento de los crímenes cometidos en contra de este sector durante el gobierno anterior.

De acuerdo con el reporte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (TDT), durante la gestión del priista Enrique Peña Nieto asesinaron a 161 defensores.

Esto refiere que el promedio mensual del sexenio anterior fue de 2.2 personas defensoras privadas de la vida, lo que es menor al promedio de 2.6 de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el 5 de octubre del 2021, el informe “Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, de la Secretaría de Gobernación (Segob), había informado sobre el asesinato de 94 defensoras y defensores, de los cuales 67 por ciento se concentraba en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán.




Para el 26 de enero pasado, el titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque, indicó que la cifra ascendió a 97 y reconoció que la impunidad, en estos casos, superaba el 90 por ciento.

Un día después del anuncio, Ana Luisa Garduño Juárez, quien durante varios años impulsó la lucha contra la desaparición de personas a partir del homicidio de su hija Ana Karen, fue asesinada en Temixco, Morelos.

La siguiente víctima fue Verónica Patricia Guerrero Vinueza, cuyo crimen ocurrió el 3 de febrero y quien en vida denunció haber sido amenazada junto al colectivo Vecinos Urbi, por luchar contra la operación irregular del basurero de Matatlán, en Jalisco.

El 11 de febrero, Francisco Vázquez fue atacado mientras se encontraba en su parcela, lo que acabó con los años que se mantuvo en lucha contra la termoeléctrica en Huexca, que forma parte del Proyecto Integral de Morelos, contra el que también se oponía Samir Flores, otro activista asesinado en la misma entidad, pero en febrero del 2020.

Durante marzo, José Trinidad Baldenegro, Néstor Iván Merino Flores y Patricia Rivera Reyes fueron asesinados en Chihuahua, Oaxaca y Baja California, respectivamente. Los tres luchaban en defensa de la tierra y por los derechos de los pueblos originarios.

El 20 de abril, Juana Ovando fue víctima de homicidio; se le identificaba como activista en favor de los derechos de la mujer y pertenecía a la corriente juvenil del Partido Revolucionario Insitucional.

Además de Cecilia Monzón, durante mayo asesinaron a Lorena Chantzin y Marcos Campos, ambos defensores de la autonomía de los pueblos originarios y miembros del Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), quienes habían sido reportados como desaparecidos días antes.

También fueron los casos de Teófilo Barrera, Marcelo Carrera y un menor de 15 años, identificados como defensores del territorio nahua en Coyomeapan, Puebla, quienes fueron ejecutados en el municipio de Zoquitlán el 9 de mayo.

De acuerdo con el reporte de la Segob, sólo en dos de los 94 casos que documentó hasta octubre del año pasado se había obtenido sentencia; 71 se encontraban en fase de investigación y 21 habían sido judicializados.

La cifra más alta de homicidios contra el sector corresponde a quienes defendían derechos ambientales, seguida por derechos indígenas, mujeres, LGBTTIQ+, personas desaparecidas, desplazados, migrantes y la niñez.

Señala que el principal patrón de agresión son las amenazas, seguido por ataques físicos, persecución, robo, privación de la libertad y secuestro. Desde ese reporte, se señaló que una de las rutas era intensificar la atención a la protección de los casos vigentes y los que se presenten.
Mil mujeres demandan justicia

Más de mil mujeres activistas, defensoras, políticas, académicas y organizaciones civiles exigieron a las autoridades actuar adecuada y oportunamente para garantizar justicia a Cecilia Monzón, quien fue asesinada este sábado.

El crimen ocurrió la mañana del 21 de mayo, mientras la activista y abogada feminista conducía un automóvil sobre Periférico Ecológico y Camino Real, en San Pedro Cholula, Puebla, en donde hombres armados se aproximaron para privarla de la vida.

A través de un comunicado, mujeres y organizaciones demandaron investigar el caso con perspectiva de género, por tal motivo, pidieron que el crimen sea indagado como feminicidio, “dada la naturaleza de la actividad de la abogada Cecilia, ya que era una defensora de los derechos humanos de las mujeres”.

También señalaron que la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia de Género fue omisa al no emitir las órdenes de protección que Cecilia solicitó reiteradamente.

Al gobernador, Miguel Barbosa Huerta, exigieron que, en el ámbito de sus competencias, gire instrucciones para dar celeridad a las investigaciones de forma adecuada y que se cuiden las pruebas que pudieran ser claves para el esclarecimiento del caso.

Además, pidieron al Poder Judicial del Estado de Puebla evitar la dilación del procedimiento por cuestiones burocráticas y dar sentencias “acordes a la magnitud del hecho”; mientras que a la Fiscalía General demandaron la correcta investigación del delito y que se dé con los autores materiales e intelectuales.

“Cecilia no sólo era una abogada, era la abogada de las mujeres. Combativa, sin miedo, aguerrida y buscando siempre la justicia frente al mismo sistema patriarcal. Hoy, mujeres activistas, políticas, amigas y aliadas nos unimos al llamado para exigir justicia y verdad”, concluye el comunicado.

Por separado, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados lamentó el hecho y exigieron que las autoridades competentes establezcan medidas cautelares de protección para su hijo y demás familiares y colaboradores, mientras se fincan las responsabilidades correspondientes.

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