La detención de Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), y la orden de aprehens...
La detención de Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), y la orden de aprehensión contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, no obedecen a una “venganza”, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador; mientras que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó una “cacería de brujas”.
“He dicho que no es mi fuerte la venganza. No conozco a ninguno de los dos, nunca he visto al señor de Altos Hornos ni al exdirector de Pemex. Son procesos que ya venían de tiempo atrás”, afirmó el jefe del Ejecutivo federal.
Las órdenes de captura giradas contra ambos obedecen a que el empresario vendió a Pemex, entonces dirigida por Lozoya, la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, que llevaba 14 años sin funcionar, y cuyo costo fue mayor al originalmente pactado, por lo que se trató de “una adquisición totalmente ilícita”, según la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la conferencia matutina de ayer, López Obrador aseveró que en este caso “no hay persecución política”; por el contrario, “existe la presunta prueba de que se pagó un sobreprecio”.
También aclaró: “Dijimos que no íbamos a detener ningún proceso, que si bien es cierto buscábamos lo que se conoce como punto final y ver hacia adelante, tampoco podíamos cancelar procesos ya iniciados”, los cuales, destacó, corresponden a “un asunto que fue denunciado desde el gobierno anterior”.
En tanto, la FGR informó la víspera que la denuncia se interpuso en marzo de este año por parte de la apoderada legal de Pemex, y mediante la Consejería Jurídica de la Presidencia, según confirmó una fuente a La Razón.
López Obrador insistió en que “no podíamos voltear la hoja, cerrar los casos, porque se destinó presupuesto público, que es dinero del pueblo, a la compra, y se autorizó en un crédito también de 300 o 400 millones de dólares adicionales”.
De acuerdo con el mandatario, la planta continúa sin operar por falta de gas para producir los fertilizantes y Altos Hornos de México pidió apoyo para no cerrarla, debido a que se congelaron las cuentas de la empresa, medida que, dijo, ya fue revertida.
Por separado, luego de la presentación del proyecto para prevenir la violencia contra las mujeres, Sánchez Cordero dijo que el caso de Lozoya “no es una cacería de brujas” y tampoco “un quinazo”.
Planteó que se trata de la implementación del Estado de derecho, pues “eran investigaciones que ya estaban en curso, pero tampoco, como dice el Presidente, las vamos a apagar”.
Sobre el tema, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), la cual detectó las “operaciones sospechosas” referidas, indicó que en en México no hay intocables.
SITUACIÓN LEGAL. El juez sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Juan Mateo Brieba de Castro, concedió una suspensión provisional ante cualquier orden de captura contra Emilio Lozoya, la cual estará vigente hasta el próximo 4 de junio, cuando se realizará una audiencia incidental para conocer los cargos que se le imputan y si éstos ameritan prisión preventiva.
Al respecto, el fiscal Alejandro GertzManero afirmó en entrevista radiofónica que al exfuncionario se le acusa de “uso de fondos de carácter ilícito para el beneficio propio o de un tercero (un delito grave); la investigación viene de una denuncia que hizo Pemex sobre una adquisición totalmente ilícita, y una parte de esa conducta es la que se está investigando”.
Por lo anterior, las autoridades solicitaron ficha roja de la Interpol contra los implicados en el caso, para que sean buscados en 191 países; por ello, familiares de Lozoya solicitaron una suspensión contra cualquier mandamiento judicial que implique un arresto.
Pese a dicha suspensión, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) precisó que Lozoya podría ser detenido si se le acusa de delitos graves. “La suspensión definitiva no surtirá efecto si se trata de delitos en donde proceda la prisión preventiva oficiosa o de delitos graves”, por lo que no se interrumpe la persecución del delito.
En tanto, Ancira Elizondo rechazó ser extraditado a México, por lo cual será ingresado a una prisión en España; sin embargo, la justicia mexicana cuenta con 45 días para solicitar su entrega al país.
Durante una audiencia, el directivo de Altos Hornos negó las acusaciones de blanqueo y malversación en su contra por la presunta venta irregular de la planta fertilizante.
Al respecto, el abogado del empresario, Ismael Oliver, aseguró que las acusaciones contra su cliente son un atropello, pues Ancira no ha comprado empresas en los últimos 10 años.
Mientras que el fiscal general Gertz Manero aseguró que “las órdenes giradas contra Lozoya y Ancira Elizondo no se relacionan con el caso Odebrecht”.
