La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se comprometió a tomar medidas sobre la denuncia que hicieron líderes del narcotráfico...
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se comprometió a tomar medidas sobre la denuncia que hicieron líderes del narcotráfico y secuestradores presos en penales de Jalisco y el Estado de México por los precios excesivos con los que adquieren botanas y refrescos, entre otros productos.
A través de un comunicado, la Profeco informó que ya emitió un oficio en el que se especifica que, con fundamento en el artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), los artículos y/o productos que se venden a las personas privadas de su libertad en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) deben ser vendidos al mismo precio que se paga por ellos en el mercado regular.
El oficio fue dirigido a la empresa Klasnic, S.A. de C.V.— proveedora de dichos productos en los penales federales—, la cual se comprometió a rendir en los próximos días un "amplio informe pormenorizado de los hechos que rodean esta denuncia".
La finalidad de este requerimiento, explicó la Procuraduría, es vigilar que se respete la LFPC, que en su artículo 6 establece que los proveedores, en unión de empresas privadas, están obligados al cumplimiento de la misma las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno capitalino.
El titular de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez, ha sostenido reuniones con representantes de la empresa Klasnic, S.A. de C.V., a fin de conocer la problemática que supuestamente afecta a los denunciantes. Ambas partes se comprometieron a que, en cuanto se finalicen las indagatorias y se tenga una solución, se dé a conocer a la opinión pública.
La dependencia adelantó que emitirá una resolución en unión del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, donde se tomarán acciones y medidas para solucionar esta problemática de consumo.
El miércoles se dio a conocer que más de 60 presos del penal de "El Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, y 70 del centro de reclusión Occidente, en Jalisco, emitieron denuncias a la Profeco asegurando que además de ser obligados a comprar productos para aseo personal, alimentación y papelería, los costos eran excesivos hasta en un 40 por ciento.
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