Entre los testigos interrogados descubrieron al presunto el agresor, quien es menor de edad y mantenía una relación sentimental con la jove...
Entre los testigos interrogados descubrieron al presunto el agresor, quien es menor de edad y mantenía una relación sentimental con la joven
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga un feminicidio y un caso de trata de personas ocurridos en un inmueble de la colonia Cuchilla del Tesoro, delegación Gustavo A. Madero, que presuntamente sirve como centro de rehabilitación para adictos.
En conferencia de prensa el encargado de despacho de la Procuraduría, Edmundo Garrido Osorio, expuso que cerca de las 21:00 h del miércoles fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 19 años, identificada como Regina ‘N’, que se encontraba embolsado en el predio, por lo que la agentes de investigación se trasladaron al lugar y aplicaron el protocolo de feminicidio.
De acuerdo con las investigaciones, el predio servía como centro de rehabilitación, aunque no tenía letreros y aún se investiga si cuenta con los permisos correspondientes; en la parte superior vivían la víctima y su familia.
La madre de la víctima llamó a sus amigos y luego a la policía. Sin embargo, antes de que llegaran las autoridades, la madre de la joven salió de su casa, ubicada en un segundo piso, en donde la encontró tirada.
De acuerdo con los reportes que integran la investigación, alrededor de las 20:45 h, policías preventivos fueron alertados del hallazgo de una bolsa, en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida de la víctima, quien presentaba diversas heridas en el cuello producidas con arma punzocortante.
Entre los testigos interrogados descubrieron al presunto el agresor, quien es menor de edad, familiar de uno de los encargados del centro y supuestamente tenía una relación sentimental con la víctima.
Además encontraron el arma homicida, un cuchillo con el que la víctima fue herida en múltiples ocasiones, siendo una en el cuello la que le habría ocasionado la muerte.
El imputado fue remitido a la agencia del Ministerio Pública especializada donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas y podría pasar hasta cinco años en prisión.
Derivado de los interrogatorios, los internos dijeron estar ahí contra su voluntad y ser forzados a ensamblar juguetes, por lo que 18 personas fueron rescatadas y se investiga a dos de los encargados del centro.
