Los Diputados de la LX Legislatura, aprobaron con carácter de urgente y obvia resolución, un Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Luis Antonio Cárdenas Fonseca, solicitando se instruya al Presidente de la Mesa Directiva para que se interponga Controversia Constitucional, para reparar las violaciones que el Ejecutivo Estatal generó al expedir el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal.
En el documento presentado ante el Pleno, se establece que en el artículo 63 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, expedido y publicado por el Gobernador Mario López Valdez, contraviene normas constitucionales, disposiciones legales y consensuales al pretender imponer al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la dependencia del Poder Ejecutivo en materia de administración.
Precisa, el legislador que la autonomía del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Sinaloa, es producto de la naturaleza jurídica y funciones de que es dotado por la Constitución y leyes ordinarias, "no podría ser de otra manera, puesto que constituye un control de la legalidad que regula a la administración pública representada por el Poder Ejecutivo, y se debe reflejar en la imparcialidad de todos sus fallos".
Agrega que todo tipo de dependencia del Poder Ejecutivo, vulnera dicha autonomía, incluida la dependencia de tipo administrativa, puesto que nombramientos, percepciones y remociones, no pueden quedar al arbitrio de quien constituya la parte demandada en los juicios de nulidad, al existir la posibilidad de que se ejerza presión o se tomen represalias en contra de quienes deben tener absoluta independencia y libertad para resolver en justicia.
El Punto de Acuerdo aprobado por mayoría establece:
"Único: Se instruye y autoriza al Presidente de la Mesa Directiva para que interponga Controversia Constitucional, a efecto de combatir el inconstitucional Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, publicado en la edición vespertina del periódico el Estado de Sinaloa órgano oficial del gobierno del estado, fechado el miércoles 05 de enero de 2011".
Aprueban comparecencia de integrantes de la Coordinación General del CESP para conocer mecanismos de selección de aspirantes a Procurador General de Justicia
A propuesta del Diputado Julián Ezequiel Reynoso Esparza, representante del Partido del Trabajo, el Pleno aprobó por unanimidad una propuesta de Punto de Acuerdo, a fin de que la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, comparezcan el próximo 13 de Enero a las 17:00 horas, para, en reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, Seguridad Pública y de Justicia, aporten la información sobre los criterios aplicados en el proceso de selección de personas inscritas, para la elaboración de la terna que será sometida a consideración del Ejecutivo, para el cargo de Procurador General de Justicia.
El Punto de Acuerdo aprobado señala:
"PRIMERO. La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en el marco de las actividades que los integrantes de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, realizan para que las organizaciones civiles efectúen las propuestas de personas a ser consideradas como candidatos para ocupar el cargo de Procurador General de justicia del Estado, invita muy respetuosamente a los integrantes de dicha Coordinación General a una Reunión de Trabajo con las Comisiones Legislativas de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Seguridad Pública, y de Justicia.
SEGUNDO. Esta Reunión de Trabajo tendrá como único objetivo conocer y abundar en el análisis de los criterios que por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa se aplicaron, en el procedimiento de selección de personas inscritas, para la elaboración de la terna que será sometida a consideración del Ejecutivo.
TERCERO. Solicita que la Presidencia de este H. Congreso invite a los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública para que el próximo jueves 13 de Enero a las 17:00 horas celebren Reunión de Trabajo con las Comisiones Legislativas de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Seguridad Pública, y de Justicia en las instalaciones del Poder Legislativo."
La propuesta de Punto de Acuerdo fue de urgente y obvia resolución, por lo que así fue sometida a consideración del Pleno, que la aprobó por unanimidad, ordenándose lo conducente.
Sobre el mismo tema, también el Diputado Luis Javier Corvera Quevedo, del Grupo Parlamentario del PRD, recordó que en la anterior legislatura, su bancada presentó una iniciativa de ley, para establecer nuevos mecanismos en el nombramiento del Procurador, "pero es imprescindible observar que tratándose de una reforma al marco constitucional, ésta tiene que sujetarse a un procedimiento que lleva su tiempo, en caso de aprobarse y deberá ser turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para dar cumplimiento a lo que señala el artículo 146 de la Ley Orgánica del Congreso y finalmente deberá ser sometida a la consideración de los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa".
Luego, propuso el dictamen de reformas constitucionales que determina nuevos procedimientos para la elección del Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, se someta a la consulta pública. Para que sea "la sociedad la que nos ayude a definir la disyuntiva: o es el Congreso, con mayores filtros el que designe al Procurador, o continuamos con la modalidad de la terna propuesta por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, para que el gobernador haga la designación y terminemos ratificándola o no, por nuestra parte".
Propone reformas a la Constitución Local el Grupo Parlamentario del PRI, en materia de salarios a servidores públicos
Con la finalidad de homologar la Constitución Política del Estado de Sinaloa con la Carta Magna, en materia de salarios de los servidores públicos, el Grupo Parlamentario del PRI, presentó iniciativa de reforma al texto constitucional local para que en lo sucesivo, en el Presupuesto de Egresos del Estado se incluyan los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Iniciativa en la que también están incluidos los servidores públicos de los organismos autónomos que la Constitución Local o las leyes del Estado de Sinaloa, reconozcan como tales y las entidades de la administración pública estatal y paraestatal.
Destaca la iniciativa que en ningún caso, las percepciones de los servidores públicos deberán ser superiores a la del titular del Poder Ejecutivo, en el entendido que las percepciones de éste, tiene ya, la prohibición plena de la fracción II, del Artículo 127 Constitucional de que no pueden ser equiparadas o superiores a las del Presidente de la República.
Precisa la iniciativa de reformas a la Constitución Local que a fin de evitar futuros beneficios desproporcionados y al margen de toda racionalidad, se propone fijar para tal efecto, los topes salariales de los servidores públicos en la administración de las funciones del Estado, estableciendo que sus remuneraciones deberán ser proporcionales al desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, y que no pueden ser superiores a las que perciba el Gobernador Constitucional del Estado, en el entendido que las percepciones del Titular del Ejecutivo Estatal tiene ya, la prohibición plena de la fracción II, del Artículo 127 Constitucional de que no pueden ser equiparadas o superiores a las del Presidente de la República".
Destaca también la iniciativa, en su Artículo Cuarto Transitorio que los ayuntamientos del estado, deberán expedir o adecuar las disposiciones administrativas que resulte necesario en los términos del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123, y 127 de la Carga Magna, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Agosto de 2009, y del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, así mismo, procederá sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen incumplimiento o elusión por simulación a lo establecido en la presente reforma constitucional.
Al citado documento luego de ser del conocimiento del Pleno, se le dispensó la segunda lectura de Reglamento, turnándose a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su dictamen.
Iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI de Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa
Del mismo modo se conoció la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PRI, proponiendo la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, con el objeto de combatir la corrupción y establecer los procedimientos de responsabilidad administrativa y las sanciones.
Establece la iniciativa que el proyecto de ley otorga mayores facultades a la Secretaría y a los órganos de control de cada uno de los Poderes del Estado y de los municipios, dotando de mayor claridad a la norma en cuanto a las autoridades que aplicarán las sanciones, reduciendo en consecuencia, las facultades discrecionales de la autoridad en su imposición.
La citada iniciativa de Ley, consta de un total de 123 Artículos así como diez Artículos Transitorios y se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para la elaboración del dictamen respectivo.
Conoce el Pleno iniciativa de ley de Austeridad que Regula los Salarios de los servidores Públicos del Estado de Sinaloa
Igualmente, también del Grupo Parlamentario del PRI, se conoció la iniciativa de Ley de Austeridad que Regula los Salarios de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, que señala dentro de los considerandos que los ingresos de los empleados y funcionarios públicos de la administración pública del Estado deben guardar proporción con los de la mayoría de la población, pues es éticamente insostenible que existan salarios muy elevados para muchos de los empleados y funcionarios públicos, cundo se reporta estadísticamente un crecimiento de la pobreza en nuestro país.
Precisa la iniciativa que los ingresos elevados van en contra de la letra y espíritu de la propia Constitución Federal, en cuyo artículo 127 claramente señala que los funcionarios federales, y por analogía los gobernadores, los presidentes municipales y demás funcionarios locales, deben tener una remuneración apropiada a las condiciones o características la tarea que se desarrolla, pero también ajustada a las posibilidades económicas del pueblo al que se sirve; "por lo que jamás el desempeño de una función pública debe ser fuente de un injusto e ilegal enriquecimiento".
El documento en cuestión consta de Diecinueve Artículos así como de Tres Transitorios y fue remitido a la Comisión de Puntos Constitucionales para la elaboración del dictamen correspondiente.
