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En la segunda mesa de diálogo convocada por la Secretaría de Economía se abordaron los impactos ambientales, económicos y sociales del proyecto. Se acordó continuar el proceso con la participación de comunidades indígenas y fortalecer alternativas de desarrollo para la región.
Culiacán, Sinaloa.– El Gobierno de México, representantes de comunidades, cooperativas pesqueras y la empresa promotora del proyecto de la Planta de Amoníaco en Topolobampo sostuvieron la segunda mesa de diálogo para analizar los alcances de esta inversión y atender las inquietudes de la población.
La reunión fue encabezada por la Subsecretaría de Industria y Comercio como parte del proceso de información, participación y construcción de acuerdos impulsado por el Gobierno de México.
Durante la sesión, las partes expusieron distintas posturas sobre el desarrollo económico de la región y la relevancia ambiental, cultural y productiva de la Bahía de Ohuira, en un encuentro que, de acuerdo con las autoridades, se desarrolló con respeto a la pluralidad de opiniones y disposición para mantener el diálogo.
La empresa responsable del proyecto presentó las acciones de desarrollo económico vinculadas con la planta de amoníaco y manifestó su disposición para construir nuevos mecanismos de colaboración con las comunidades de la zona.
Por su parte, representantes de comunidades indígenas y de cooperativas pesqueras señalaron que la Bahía de Ohuira representa un espacio fundamental para el pueblo Mayo-Yoreme, al constituir la base de una actividad pesquera ancestral que forma parte de su identidad cultural, organización comunitaria y sustento económico.
Los participantes expresaron su preocupación por los posibles efectos que el funcionamiento de la planta pudiera generar sobre la pesca, actividad de la que dependen numerosas familias de la región.
Ante ambas posturas, el Gobierno de México reconoció la importancia de equilibrar el desarrollo económico con la protección de los derechos de las comunidades originarias, por lo que planteó profundizar en alternativas que respeten el sistema de creencias y el sistema normativo del pueblo Mayo-Yoreme.
Entre las propuestas presentadas destacan el fortalecimiento de la actividad pesquera, la comercialización del camarón y otras especies, la certificación de productos pesqueros y agrícolas, así como la elaboración de un programa específico de desarrollo comunitario para la zona.
A solicitud de las comunidades participantes, dicho programa sería coordinado por el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Sinaloa, con el propósito de que los beneficios destinados a las comunidades no sean administrados directamente por empresas privadas.
Asimismo, durante la mesa se acordó que las comunidades originarias participarán en el proceso de análisis del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, con el objetivo de incorporar su visión en la toma de decisiones.
Las autoridades informaron que las mesas de diálogo continuarán desarrollándose conforme a la metodología acordada por los participantes, permitiendo analizar cada uno de los temas con información técnica, apertura y participación de todos los sectores involucrados.
Finalmente, el Gobierno de México reiteró su compromiso de respetar la identidad, la cultura, las formas de organización y la relación histórica del pueblo Mayo-Yoreme con su territorio, así como garantizar que las decisiones públicas se construyan mediante el diálogo, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
