Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Si algo he aprendido en la vida es a no perder el tiempo intentando cambiar el modo de ser del prój...
Marco Antonio Lizárraga
“Si algo he aprendido en la vida es a no perder el tiempo intentando cambiar el modo de ser del prójimo”, Carmen Martín Gaite
LA CUERDA FLOJA
En una clara muestra de autoritarismo disfrazado de eficiencia, el alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, ha vuelto a demostrar que para él, las leyes son sugerencias, no obligaciones. El reciente nombramiento de Cristian Prado Huerta como Oficial Mayor, sin pasar por el Cabildo como lo estipula la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, es una flagrante violación al marco legal que rige la administración pública en los municipios.
El artículo 38, fracción I, y el artículo 54 de dicha ley son contundentes: el Presidente Municipal puede proponer, pero es el Cabildo quien aprueba. Es un mecanismo diseñado precisamente para evitar que el poder se concentre en una sola persona, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del gobierno. Pero en Escuinapa, el alcalde ha decidido pasarse por alto ese principio básico de legalidad y colegialidad.
Que esto haya ocurrido el mismo día en que se celebró una sesión ordinaria de Cabildo, sin siquiera incluir el punto en el orden del día, es una muestra no solo de negligencia, sino de desprecio hacia la institución que, constitucionalmente, debe acompañarlo en las decisiones más importantes. Los regidores, previamente, ya habían exigido que el proceso se hiciera con formalidad y mediante una terna. Ignorarlos es ignorar a los ciudadanos que representan.
Este acto no solo es políticamente torpe, sino legalmente cuestionable. El alcalde, al asumir facultades que no le corresponden, podría estar incurriendo en una falta administrativa grave conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. Pero en lugar de mostrar preocupación por la legalidad, se escuda en una transmisión en vivo por redes sociales, como si la exposición pública justificara el atropello institucional.
No es la primera vez que Díaz Simental se maneja como si el Ayuntamiento fuera su feudo personal. Tampoco sorprende su reacción: “Aquí en Escuinapa todo se sabe y lo estamos transmitiendo en vivo”. Como si la transparencia consistiera en hacer públicas las ilegalidades, no en evitar cometerlas.
El mensaje es claro: en este gobierno municipal, la legalidad es secundaria. Lo importante es “avanzar”, aunque para ello haya que pisotear la ley, al Cabildo y a la voluntad democrática.
Escuinapa merece más que decisiones unilaterales, más que un alcalde que actúe como patrón y no como servidor público. La ley existe para ser cumplida, no para ser ignorada por quien debería dar el ejemplo.
MENSAJE
En un momento donde Sinaloa busca posicionarse más allá de sus fronteras, la participación de Ricardo Velarde Cárdenas en la reunión del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo no es menor. No fue un simple acto protocolario, ni una visita por cortesía diplomática: fue una señal clara de que el estado quiere jugar en las grandes ligas del desarrollo económico como base la asistencia al aniversario 249 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.
Como secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa, Velarde ha entendido que atraer inversiones, fortalecer el comercio y abrir nuevos mercados no se logra solo desde la oficina. Hay que salir, tocar puertas y establecer vínculos reales con quienes pueden ayudar a transformar la economía local. Y eso es precisamente lo que fue a hacer.
Con visión y oficio político, su presencia en este encuentro abre la posibilidad de que Sinaloa se consolide como un destino confiable para la inversión extranjera. Relaciones como esta no se construyen de la noche a la mañana, pero son indispensables para que nuestras empresas puedan crecer y nuestros productos tengan mayor presencia fuera del país.
A esto hay que agregarle que se rompe el rumor que surgió en redes sociales, de que el funcionario le había sido cancelada su visa a Estados Unidos.
IMPULSO
El anuncio reciente del Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, sobre el avance del programa Viviendas para el Bienestar en Sinaloa, plantea una oportunidad que no se puede desperdiciar: construir, por lo menos, 30 mil viviendas dignas a lo largo del estado. Se dice pronto, pero implica un desafío enorme en logística, coordinación institucional y sobre todo, voluntad política para que el derecho a una vivienda deje de ser letra muerta para miles de familias.
El mensaje fue claro: hay avances, hay reuniones, y hay voluntad tanto del Infonavit como de la Conavi para empujar este proyecto. En municipios como Culiacán y Ahome, se habla ya de avances significativos. Y en Mazatlán, la alcaldesa Estrella Palacios ha mostrado disposición para facilitar la adquisición de terrenos en coordinación con CVIVE, lo cual es un paso crucial para que estas viviendas no queden solo en los planos.
Sin embargo, más allá de las declaraciones optimistas, hay que reconocer una verdad incómoda: en México estamos acostumbrados a que los grandes anuncios en materia de vivienda se topen con problemas estructurales —desde la falta de planeación urbana hasta la corrupción en el otorgamiento de créditos o la entrega de casas mal construidas.
Por eso, si el Gobierno de Sinaloa quiere marcar diferencia, tiene que garantizar algo más que cifras ambiciosas. Debe asegurar calidad, acceso a servicios básicos, cercanía a centros de trabaj” y mecanismos transparentes de asignación. Porque construir viviendas no es suficiente si se convierten en espacios inhabitables, alejados o inseguros.
El hecho de que la vocería estatal le esté dando visibilidad a este programa es una señal positiva. Pero más allá del discurso institucional, las y los sinaloenses necesitan ver retroexcavadoras, planos ejecutivos y fechas claras. Necesitan saber si están dentro del padrón de beneficiarios, si sus solicitudes están siendo procesadas, y sobre todo, cuándo y dónde empezarán las obras.
Que haya voluntad es importante. Que haya coordinación, también. Pero lo fundamental es que haya cumplimiento. Y si este gobierno logra convertir ese “mínimo de 30 mil viviendas” en hogares reales, habitables y funcionales, sin duda habrá dado un paso enorme en favor de la justicia social.
