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La dirigencia nacional panista acusa posibles delitos de lesa humanidad y señala una supuesta política de permisividad frente a los cárteles durante el sexenio 2018-2024.
Ciudad de México.– La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales, con el propósito de que se investiguen posibles responsabilidades penales individuales derivadas de presuntos pactos político-criminales durante la pasada administración federal.
De acuerdo con la denuncia presentada por el PAN, existirían elementos para investigar la posible comisión de delitos de lesa humanidad, argumentando que durante el periodo 2018-2024 se registraron más de 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, reclutamiento forzado de jóvenes por grupos criminales, desplazamientos de comunidades y regiones enteras bajo influencia o control de organizaciones delictivas.
La querella sostiene que la situación de inseguridad que enfrenta el país no sería resultado de hechos aislados, sino de una presunta colaboración permisiva y sistemática entre distintos gobiernos emanados de Morena y grupos del crimen organizado, lo que, según el documento, habría favorecido el fortalecimiento y expansión de estas organizaciones.
Asimismo, la denuncia señala que durante el sexenio se habría implementado una política de “cesión de soberanía frente al crimen organizado”, mencionando como ejemplos diversas situaciones ocurridas en entidades como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán.
La dirigencia encabezada por Jorge Romero Herrera afirmó que la estrategia conocida como “abrazos, no balazos” permitió que los grupos criminales ampliaran su presencia territorial, económica y política, mientras el Estado reducía su capacidad de actuación en determinadas regiones del país.
Además, el PAN incluyó referencias a los gobernadores Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, al señalar que diversos señalamientos públicos han incrementado la preocupación sobre una posible infiltración del crimen organizado en estructuras de poder político.
La dirigencia panista argumentó que decidió acudir a instancias internacionales al considerar que las instituciones nacionales enfrentan limitaciones para garantizar investigaciones independientes sobre este tipo de acusaciones.
Hasta el momento, ni el expresidente López Obrador ni los gobiernos señalados han emitido una postura oficial en respuesta a esta denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional.
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