Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “El conocimiento viene, la sabiduría se queda”, Alfred Tennyson MISIÓN INCUMPLIDA Se gastaron miles de...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“El conocimiento viene, la sabiduría se queda”, Alfred Tennyson
MISIÓN INCUMPLIDA
Se gastaron miles de millones de pesos. Se habló de un “hito democrático”. Se prometió que el pueblo por fin tendría voz en la integración del Poder Judicial. ¿Y qué obtuvimos a cambio? Una elección deslucida, desinformada y, para no variar, desangelada.
La llamada “elección judicial” del 1 de junio será recordada, si acaso, por su monumental falta de impacto. Según datos oficiales del INE, la participación ciudadana apenas rozó el 13%.
Es decir, nueve de cada diez mexicanos decidieron no ir a votar. ¿Por apatía? No. Por desconocimiento. Porque nadie supo qué demonios se estaba votando.
Y no es culpa del ciudadano. Es culpa de un aparato electoral rebasado, de una estrategia de difusión inexistente y de un gobierno que quiso maquillar de “democrático” lo que en realidad fue una ocurrencia costosa.
El INE pidió más de 13 mil millones de pesos para organizar la elección. Solo le dieron poco más de 6 mil. ¿El resultado? Boletas incomprensibles, escasa capacitación y una jornada que en muchas zonas del país pasó completamente desapercibida.
¿Dónde quedaron los mítines, los debates, la deliberación pública? En su lugar, tuvimos “acordeones” autorizados en casillas —una lista de candidatos que los votantes podían llevar— porque nadie recordaba los nombres de los aspirantes.
Una simulación que dejó ver la improvisación más absurda: ministros con sobrenombres como “La Dama de Hierro” o “El Ángel de la Justicia” buscando captar el voto popular como si esto fuera una campaña de TikTok.
Este proceso no fue una elección. Fue una lotería.
Y lo más preocupante: se trataba de elegir a quienes impartirán justicia, a quienes interpretarán la ley, no a edecanes ni influencers.
El Poder Judicial no se juega en una urna a ciegas. Se construye con conocimiento, experiencia y criterio jurídico, no con propaganda.
La elección judicial no fortaleció la democracia, la debilitó. Minó la confianza ciudadana, ridiculizó al sistema y nos dejó con la amarga sensación de haber gastado una fortuna en una elección que nadie entendió y que muy pocos validan.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que esta elección fue “todo un éxito” y que “México es el país más democrático del mundo”.
Lo dijo con orgullo, señalando que al menos 13 millones de personas votaron y que las campañas fueron austeras. Pero la cifra de participación, entre 12.57% y 13.32%, no es motivo de celebración, sino de autocrítica. Es el reflejo de una desconexión brutal entre el gobierno y la ciudadanía.
Si 87 de cada 100 mexicanos decidieron no participar en una supuesta fiesta democrática, no es porque no les importe el país, sino porque el país no les explicó de qué iba esta fiesta.
Y si eso es lo que ahora se presume como éxito, entonces quizá deberíamos revisar qué entiende este gobierno por democracia.
Porque una cosa es la narrativa oficial… y otra muy distinta, la realidad que votó —o que, en su mayoría, no votó.
APARECIDO
Después de nueve meses fuera del reflector, Andrés Manuel López Obrador reapareció en un escenario que, sin ser político en forma, fue profundamente simbólico en fondo: la elección del Poder Judicial.
Su presencia en las urnas no fue casual ni discreta.
El expresidente volvió justo en el momento en que el país celebraba la primera votación popular para elegir jueces, magistrados y ministros.
Y lo hizo con un mensaje que resume no solo su visión de país, sino también el legado que intenta cimentar: “Es la primera vez en la historia que el pueblo tiene derecho a elegir a quienes imparten justicia”.
El gesto fue político, sí, pero también personal. López Obrador acudió no como líder partidista ni como presidente en funciones, sino como el impulsor original de esta reforma constitucional.
La elección judicial fue su propuesta, su bandera, su iniciativa más disruptiva en el terreno institucional, y ahora la veía materializarse.
Durante su breve aparición, no perdió oportunidad para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor presidenta del mundo”. En su estilo característico, el mensaje fue claro: continuidad, confianza y unidad dentro del movimiento que fundó.
Más allá de la narrativa, su presencia buscó enviar una señal: aunque fuera del poder, sigue siendo una figura central en la vida pública del país.
Su asistencia buscó reforzar la legitimidad de un ejercicio democrático inédito, cuya efectividad aún está en debate, pero que representa uno de los pilares discursivos del lopezobradorismo: acercar el poder al pueblo.
La reaparición de López Obrador no fue un regreso cualquiera. Fue, en muchos sentidos, un cierre de ciclo. Regresó justo donde quiso dejar su marca: en las urnas, junto al pueblo, eligiendo el futuro de una justicia que, por primera vez, dice responder a la voluntad popular.
PROPUESTA
El robo de vehículos en Sinaloa no es un delito menor ni aislado. Se ha convertido en una actividad estructurada, muchas veces ligada al crimen organizado, que abarca desde el despojo a la víctima hasta la alteración de datos del automóvil, su desmantelamiento y uso para otros fines delictivos.
En este contexto, la iniciativa presentada por la diputada morenista Arely Berenice Ruiz López representa un paso importante hacia una respuesta más firme y eficaz.
La propuesta legislativa busca que las autoridades persigan de oficio ciertos actos relacionados con vehículos robados, sin que medie denuncia previa.
Es decir, si alguien altera el número de serie de un vehículo robado o simplemente lo detenta, transita o lo utiliza, podrá ser investigado y sancionado directamente por el Ministerio Público.
Esto es relevante por una razón sencilla pero poderosa: muchas víctimas no denuncian. Ya sea por miedo, desconocimiento o simple desconfianza en el sistema de justicia, los delitos quedan impunes y los delincuentes operan con libertad.
Esta reforma apunta a romper ese círculo vicioso.
El objetivo es claro: cerrar los espacios de impunidad. Cuando una persona es sorprendida en posesión de un automóvil con reporte de robo o alterado, las autoridades no deberían esperar a que aparezca el dueño a presentar cargos.
El vehículo mismo es prueba suficiente de un posible delito.
La adición de las fracciones VI y VII al artículo 237 del Código Penal estatal no es un cambio menor. Se trata de una modificación que puede ofrecer al sistema judicial una herramienta directa para enfrentar redes de robo y comercialización ilegal de autopartes, un negocio que genera millones en ganancias ilícitas cada año.
En un momento en que Sinaloa refuerza operativos contra homicidios, “levantones” y robo de autos, la propuesta se alinea con los esfuerzos interinstitucionales por desarticular economías criminales que se han normalizado peligrosamente en algunas regiones del estado.
La iniciativa también reconoce algo fundamental: el robo de autos ya no es solo un delito patrimonial.
Es un eslabón dentro de un ecosistema criminal más amplio. Atacarlo con firmeza desde el ámbito legislativo puede ser el primer paso para contener su expansión.
Ahora, el reto será lograr que esta propuesta avance en el Congreso, se dictamine sin trabas políticas y, sobre todo, se aplique con eficacia una vez aprobada.
Porque no basta con reformar la ley: se necesita voluntad para que la justicia alcance a quienes hasta ahora han operado en la sombra.
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