El Gobierno federal aplicó un “apretón” a las empresas ferroviarias con el tope aplicado a las tarifas de trenes de carga, publicado el miér...
El Gobierno federal aplicó un “apretón” a las empresas ferroviarias con el tope aplicado a las tarifas de trenes de carga, publicado el miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ignorando un acuerdo de buena fe alcanzado previamente con el sector.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó la llamada “Directriz de Emergencia para el bienestar de los usuarios del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga”, mediante la cual virtualmente se establece un control de precios, a través de fijar las tarifas ferroviarias, ignorando observaciones hechas por la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) al anteproyecto.
“El servicio de transporte ferroviario busca ser parte activa en la atención a los problemas del país y de la situación económica por la que atraviesa con respecto a la inflación; no obstante, considera que establecer un control de precios a través de fijar tarifas no es la solución para un sector intensivo en capital”, expuso la asociación en un comunicado del 28 de abril pasado.
Argumentó que el interés de normar de manera extraordinaria las tarifas ferroviarias, a fin de disminuir el impacto en la economía familiar, es una medida ineficiente y de poco impacto, para alcanzar el objetivo previsto en la justificación, en virtud de que el ferrocarril sólo representa el 26.4 por ciento del mercado de transporte terrestre y podría resultar contraproducente a largo plazo.
No obstante, a consulta de La Razón tras la publicación final en de la directriz en el DOF, la AMF informó que tiene conocimiento del tema, pero por el momento no hará ningún comentario al respecto, mientras que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), —ente que también había hecho advertencias sobre el tema— señaló que analizará la directriz antes de emitir algún pronunciamiento.
En la directriz, el Gobierno federal ordenó fijar las tarifas máximas en la prestación del servicio público del transporte ferroviario de carga que moviliza productos básicos, como maíz, a fin de disminuir el impacto en la economía familiar del aumento de la inflación, medida que tendrá una vigencia de seis meses.
La SICT instruyó a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) a establecer una metodología, fijar las contraprestaciones por los servicios de interconexión y las tarifas máximas en la prestación del servicio público del transporte ferroviario de carga.
“El presente instrumento jurídico permitirá la elaboración de un mecanismo normativo respaldado institucionalmente que garantice tarifas eficientes y equilibradas en los costos de transporte de mercancías a través de las vías férreas, y evite la arbitrariedad por parte de los concesionarios en la prestación de los servicios de transporte de carga y, con ello disminuir el impacto en las economías familiares del aumento de la inflación”, expuso.
Refirió que el régimen actual en materia tarifaria permite a los concesionarios y permisionarios fijar libremente las tarifas aplicables a la prestación de este servicio público, las obliga a registrarlas ante la ARTF y deben publicarlas en medios electrónicos para iniciar su aplicación.
“De tal manera que es discrecional el monto que determinan respecto de cada cliente en lo particular, siempre que no excedan el límite máximo”, abundó la SICT.
Expuso que esta libre determinación de tarifas ha generado problemáticas como prácticas monopólicas hacia los usuarios del servicio público de transporte ferroviario de carga.
Dos concesionarios mueven el 99 por ciento de la carga y tienen exclusividad sobre el 88 por ciento de las vías, añadió.
Sostuvo que las tarifas máximas registradas se encuentran hasta 83 por ciento por encima de la inflación acumulada. Para algunos productos básicos, como el maíz, se tienen tarifas muy elevadas, derivado del poder monopólico de los concesionarios, con el consecuente impacto en la economía de las familias.
