Culiacán, Sinaloa.- El compromiso es institucionalizar el Parlamento Abierto como mecanismo de participación ciudadana en el proceso legisla...
Ello, al participar en el Panel Nacional de Parlamento Abierto, organizado por la Comisión de Parlamento Abierto y Transparencia Pro-Activa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Sistema Nacional de Transparencia.
Como antecedente de Parlamento Abierto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal resaltó la decisión de hacer públicas las reuniones de trabajo de las Comisiones Permanentes y su respectiva transmisión por redes sociales.
Ahora con la práctica de Parlamento Abierto, dijo, implica realizar un ejercicio de consulta ciudadana y ello permite tener productos legislativos más consensuados, más legítimos y eficaces.
“Siempre será mejor –afirmó--, que los destinatarios de las leyes las cumplan por voluntad propia y no hay que imponerlas”.
El Parlamento Abierto, consideró, es un ejercicio, al mismo tiempo, de democracia participativa y democracia deliberativa, en tanto que cada iniciativa relevante, cada decisión importante, es consultada, debatida y resuelta para alcanzar los más amplios consensos posibles.
En alusión a los ejercicios realizados en Sinaloa con esta práctica, Graciela Domínguez resaltó que los ciudadanos que han participado han sido aquellos, a quienes las normas van dirigidas, sobre todo cuando se trata de legislación relativa a derechos humanos.
Han participado, dijo, diversos grupos. En materia económica, sus sectores y sus organizaciones representativas; en temas de medio ambiente, urbanización y vialidad, los grupos, personas y organismos defensores, y pueblos indígenas, entre otros.
Aclaró que también se ha escuchado a las autoridades, pues son las que aplican las normas.
No obstante todo lo anterior, la diputada Graciela Domínguez reconoció que en Sinaloa no se ha legislado sobre la práctica de Parlamento Abierto.
Falta reglamentarla, precisó, porque en la toma de decisiones debe justificarse.
Sin embargo, resaltó que el reto no es solamente escuchar a través de Parlamento Abierto, sino que quienes participan sean los destinatarios de las leyes, que generen sus propuestas.
Ello implica, puntualizó, invertir el ejercicio del trabajo legislativo.
En este sentido hizo el compromiso de realizar una reforma constitucional y reformas a la Ley Orgánica del Congreso, para que se institucionalice y se reglamente.
Es decir, puntualizó, que Parlamento Abierto no sea una práctica temporal, sino que sea una obligación para las Legislaturas futuras.
Domínguez Nava señaló en su mensaje que la 63 Legislatura también estableció por primera vez en la historia del Poder Legislativo estatal las comparecencias de quienes buscan ser magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.
Ello, expuso, permite conocer los perfiles de los aspirantes, y también ayuda a fortalecer la división de poderes.
De igual manera expuso que la 63 Legislatura ha estado empujando que en la definición del presupuesto estatal se escuche a las y los ciudadanos.
En los dos últimos años, precisó, se ha escuchado ampliamente a los ciudadanos y han sido incluidos en la política presupuestal, pero necesitamos consolidar esta práctica institucionalizándola, lo cual ayudará a legitimar el trabajo de los parlamentos.
