Ora sí, nada de chancla vengadora, pellizcos y, muchos menos, cinturonazos de esos que acostumbraban en viejas épocas. De aplicar estos a...
Ora sí, nada de chancla vengadora, pellizcos y, muchos menos, cinturonazos de esos que acostumbraban en viejas épocas. De aplicar estos agresivos “estate quieto” a los menores, los padres o tutores podrían parar en el bote como por cinco años, gracias a la aprobación de la llamada “Ley anti-chancla” (algo parecido a lo que ya fue aprobado en Sinaloa).
De acuerdo con Telediario, el Congreso de Jalisco pasó con 33 votos las reformas al Código Penal propuesta por el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, con la cual se impondrá penas de 6 meses a 5 años de prisión a quienes sean sorprendidos generando “una alteración a la salud o integridad física o psicológica del menor”. Esta reforma es conocida como “Ley anti-chancla”.
Según lo avalado por los legisladores de Jalisco, la Ley anti-chancla se aplicará a quienes ejerzan la patria potestad de un menor, tutela, custodia o cuidado.
La propuesta aprobada de Enrique Alfaro contempla modificaciones del Código Civil, así como a la Declaración de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que ya sean sancionables los castigos corporales severos o innecesarios que se ejerzan contra los chamacos.
Ley anti-chancla permitirá que menores denuncien
Con las modificaciones que implica la Ley anti-chancla, se considerará como “castigo corporal o físico” a todo acto en el que se utilice la fuerza física con el objetivo de causar cierto grado de dolor o malestar. De acuerdo con Proceso, los menores de edad que sufran de dichos castigos podrán presentar ellos mismos su denuncia ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o llamar a los centros de atención de emergencias.
Ya que a veces sólo es el padre o la madre los que son manchados con los niños, la Ley anti-chanca contempla que uno de los padres pueda denunciar la conducta agresiva de su pareja. Obviamente, también se facilita la posibilidad de que cualquier ciudadano acuda con las autoridades, en caso de detectar agresiones contra un menor.
