El Congreso de Baja California aprobó desaparecer el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, y poner en su lugar una Junta de Admi...
El Congreso de Baja California aprobó desaparecer el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, y poner en su lugar una Junta de Administración y Vigilancia.
El dictamen número 49 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales fue aprobado en lo general con 17 votos a favor y ocho en contra.
Los inicialistas son el Poder Ejecutivo del estado y el diputado Juan Manuel Molina García, quienes en su exposición de motivos mencionaron que, actualmente, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial es el órgano encargado de las funciones de administración, vigilancia, supervisión y disciplina, así como el desarrollo de la carrera judicial.
Agregaron que, desde su creación a la fecha, no ha logrado eficientizar la administración del recurso en el Poder Judicial, al duplicarse las estructuras administrativas del personal del Consejo de la Judicatura y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, lo cual ha generado un déficit financiero y un retraso en la concreción de la implementación del nuevo modelo de justicia, así como problemas financieros en el Servicio Médico Forense y carencias de recursos materiales, que colocaron a este Poder al borde de paros laborales.
Puntualizaron que el Consejo de la Judicatura “perdió la directriz y objetivo de su función, desatendiendo su verdadera función, situación que actualmente está afectando la operatividad de Poder Judicial del Estado, lo que ha llevado a esa institución, a que por conducto de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, atienda la resolución de aspectos administrativas”.
La lectura del dictamen durante la sesión ordinaria virtual estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Gobernación, diputado Juan Manuel Molina, quien señaló que en los artículos transitorios se establece que los consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura nombrados por el gobernador del Estado y el Congreso local, terminarán de inmediato su encargo.
Por otro lado, estos artículos disponen que los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros de dicho Consejo se transferirán a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, además de que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por conducto de su presidencia, adscribirá al personal administrativo del Consejo de la Judicatura a las áreas y juzgados que lo requieren con base en las necesidades del servicio, y establecerá los mecanismos de trasferencia de sus recursos materiales y financieros.
También fueron aprobadas por el Pleno tres reservas en lo particular al referido dictamen 49 de la Comisión de Gobernación; la primera del diputado Juan Meléndrez Espinoza, mediante la cual solicita sea omitida de dicho dictamen, la reducción de la participación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en el Comité de Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
Asimismo fue avalada una reserva de Molina García, por la que se instauran las Salas Metropolitanas, las cuales darán servicio a la zona costa de Baja California, además de que se modifica la entrada en vigor de las reformas, misma que estaba establecida para el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado, para cambiarla a partir de los 60 días a partir de su publicación.
Por último, se aprobó una reserva al artículo 55, apartado B, párrafo segundo de la Constitución local, propuesta por la legisladora María Trinidad Vaca Chacón, con el objeto de conservar la votación de mayoría calificada para el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Cabe mencionar que estas reformas avaladas por el Pleno del Congreso, se turnarán a los Ayuntamientos para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución de Baja California, para en su caso sean aprobadas o rechazadas.
Con información de López-Dóriga Digital
