Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “El talento no ha de servir para saberlo y decirlo todo, sino para saber lo que se ha de decir de lo q...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“El talento no ha de servir para saberlo y decirlo todo, sino para saber lo que se ha de decir de lo que se sabe”, Mariano José de Larra
EL FANTASMA
En los pasillos políticos de Sinaloa se comienza a hablar en voz baja —pero cada vez con más insistencia— de un posible desafuero del alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental.
Y no es para menos: los indicios de un desorden financiero severo, sumados a acusaciones de nepotismo y favoritismo, han encendido las alarmas dentro y fuera del Cabildo.
El reciente relevo en la Tesorería Municipal, con la llegada de Trinidad Ibarra Martínez, es el síntoma más evidente de que algo no marcha bien.
Y aunque el nuevo funcionario llega con voluntad, su perfil ha sorprendido a muchos: su trayectoria está ligada al deporte, no a las finanzas públicas.
Pero lo más revelador ha sido la postura del ex tesorero Francisco Javier Martínez Carrillo, quien públicamente ofreció comparecer para aclarar el estado financiero de su gestión. No se esconde.
Propone presentar nóminas, estados de cuenta bancarios, informes de ingresos y egresos, e incluso estrategias para rescatar las finanzas municipales. En contraste, el alcalde guarda silencio, como si los problemas no fueran suyos.
A eso se suman otras voces del Cabildo que han denunciado irregularidades, incluidos señalamientos de que el círculo cercano del alcalde se ha visto favorecido con contratos, nombramientos y otras decisiones administrativas que rozan el nepotismo y los conflictos de interés.
La pregunta obligada es: ¿quién va a responder por el desorden que hoy amenaza la estabilidad financiera del municipio? Las cuentas no cuadran, los compromisos no se están cumpliendo y, peor aún, no hay un plan claro para revertir la situación.
En este contexto, el rumor del desafuero ya circula en algunos sectores del Congreso local. No es oficial, pero como sucede con muchos temas delicados en la política, cuando el río suena… y ya en Sinaloa en el presente gobierno van tres alcaldes que se les quita el fuero.
El Congreso tiene la facultad, y si las evidencias se acumulan, podría iniciarse un proceso para retirarle la protección legal al alcalde y abrirle la puerta a una investigación formal.
No se trata de un linchamiento político.
Se trata de rendición de cuentas.
Si hay algo que Víctor Manuel Díaz Simental debe a los escuinapenses, es una explicación clara y honesta sobre el estado en que mantiene el municipio. Y si no puede o no quiere darla, entonces que enfrente las consecuencias legales y políticas que esto conlleva.
La ciudadanía merece gobernantes capaces, no improvisados. Y, sobre todo, merece verdad y transparencia, no excusas ni pactos de silencio.
DIMES Y DIRETES
La inédita elección de jueces y magistrados del Poder Judicial, prevista para el próximo 1 de junio, ha abierto un nuevo frente de confrontación política en Sinaloa. Mientras el oficialismo promueve esta votación como un paso firme hacia la democratización de la justicia, las bancadas de oposición la descalifican como un proceso viciado, poco transparente y con tintes partidistas.
Las posiciones están claramente definidas: Morena defiende, con entusiasmo, que el pueblo elija directamente a los integrantes del Poder Judicial. Sus legisladores consideran que el proceso rompe con décadas de decisiones tomadas “en lo oscuro” por el Senado y los grupos de poder. Por el contrario, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han optado por deslindarse del proceso, acusando falta de legitimidad, opacidad en la selección de los candidatos y ausencia de garantías reales de imparcialidad.
La diputada priista Irma Moreno denunció que los nombres que aparecen en las listas no reflejan una verdadera elección ciudadana, sino una preselección condicionada por intereses partidistas. Por su parte, Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano, fue más allá: calificó la elección como una “farsa” y auguró una muy baja participación, incluso entre los propios candidatos y sus familias. A esta crítica se sumó el panista Jorge González, quien cuestionó la falta de estrategia para depurar al Poder Judicial de las prácticas que se busca erradicar.
En respuesta, la diputada de Morena Teresa Guerra Ochoa defendió la apertura del proceso como un avance en la cultura cívica del país. Consideró lamentable que la oposición apueste al fracaso, en lugar de presentar propuestas alternativas, y confió en que habrá una buena respuesta de la ciudadanía.
Más allá de las posturas partidistas, la realidad es que la elección judicial es un experimento inédito, tanto en Sinaloa como en el resto del país. Nunca antes se había puesto en manos del electorado una decisión de tal calado institucional, y la novedad del proceso ha generado más preguntas que respuestas.
Los mecanismos de selección, la limitada información sobre los perfiles, la complejidad técnica de los cargos y el poco tiempo para debatir a fondo sus implicaciones, han contribuido a un ambiente de desconfianza generalizada. Sin embargo, también existe un sector ciudadano que ve con buenos ojos cualquier intento por abrir las estructuras del poder a la participación popular.
El dilema es legítimo. ¿Estamos ante un verdadero ejercicio de democratización o frente a una simulación con nombres ya decididos? ¿Puede el ciudadano promedio, sin información clara, tomar decisiones informadas sobre el Poder Judicial? ¿Y si el proceso no es perfecto, debería boicotearse o mejorarse desde dentro?
Lo cierto es que la ciudadanía será quien tenga la última palabra. La desinformación, el escepticismo o el rechazo no resuelven por sí solos los problemas estructurales de justicia en México. Tampoco lo hacen las afirmaciones optimistas sin sustento técnico. En este momento, lo que se necesita es una participación crítica, informada y vigilante.
La elección del 1 de junio no solo será una prueba para el nuevo modelo judicial, sino también para la madurez democrática de todos los actores políticos —y de la sociedad en su conjunto.
ESPALDARAZO
Con la llegada de Antonio Menéndez de Llano Bermúdez a la presidencia municipal de Ahome, el municipio inicia una nueva etapa administrativa, marcada por el relevo institucional derivado del desafuero de Gerardo Vargas Landeros. En este contexto, el respaldo del gobernador Rubén Rocha Moya no pasa desapercibido: “hay buenos augurios”, dijo durante su reciente visita a la región.
El mandatario estatal no solo dio un espaldarazo político al nuevo alcalde, sino que dejó claro que la expectativa está en continuar con el desarrollo del municipio, con énfasis en atender directamente a la ciudadanía. En sus palabras, el enfoque de la gestión de Menéndez debe estar centrado en la población, lo que refleja una visión de gobierno más cercana y funcional.
Cabe recordar que Antonio Menéndez fue nombrado por el Congreso del Estado el 2 de mayo, apenas un día después de que se concretara el desafuero de Vargas Landeros. Su nombramiento representa no solo un relevo administrativo, sino también una oportunidad para restaurar la confianza en la conducción del Ayuntamiento.
Ahome es un municipio con potencial industrial importante y avances notables en infraestructura. Por ello, la transición se vuelve crucial para no interrumpir proyectos clave ni perder el rumbo de crecimiento que, según Rocha Moya, ya está trazado.
En este nuevo panorama, más que juicios políticos o personales, lo relevante será observar si Menéndez logra articular un gobierno que priorice la gestión pública transparente y eficiente. El reto está en consolidar una administración que mantenga la estabilidad institucional y responda con hechos a la confianza depositada.
Los buenos augurios del gobernador abren la puerta. Ahora toca ver si los resultados los confirman.
EN ESPERA
Tras su desafuero como alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros ha iniciado un nuevo capítulo legal al presentar una solicitud de amparo para intentar volver a sus funciones. El juez Juan Enrique Parada Seer, quien confirmó haber recibido dicha demanda, explicó que el proceso se encuentra en trámite y será analizado conforme a los tiempos y procedimientos establecidos por la ley.
El desafuero, aprobado por el Congreso del Estado de Sinaloa el pasado 1 de mayo, se dio en el contexto de presuntas irregularidades en el arrendamiento de 116 patrullas por un monto superior a los 171 millones de pesos. Ante este hecho, el exalcalde recurrió a una vía legal contemplada por el orden jurídico mexicano: el juicio de amparo.
Como explicó el propio juez Parada Seer, se trata de un procedimiento en el que primero se debe integrar debidamente el expediente, y después se emitirá una resolución con base en los argumentos presentados por ambas partes. En este sentido, el caso se encuentra todavía en una etapa inicial.
El tema genera expectativa por tratarse de un actor político relevante en el estado y por las implicaciones que podría tener el fallo en la administración pública municipal. Sin embargo, es importante subrayar que la resolución final dependerá exclusivamente de los elementos legales del caso y no de factores externos.
Más allá de las posiciones políticas que pueda generar, lo cierto es que el proceso de amparo forma parte del derecho de defensa que tiene cualquier ciudadano ante decisiones de autoridad. Será el Poder Judicial quien determine si existen elementos suficientes para conceder la protección solicitada o no.
En tanto, el gobierno de Ahome continúa bajo una administración interina, a la espera de lo que resuelva la justicia.
