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La pesca ilegal en las zonas de San Felipe y Santa Clara, Baja California, se intensificó en los últimos cuatro meses, luego de que el Gobierno federal cancelara apoyos para los pescadores del Golfo de California, práctica que impacta a la vaquita marina, especie en peligro de extinción de la que quedan menos de 18 ejemplares en el país.
Y es que quienes cuentan con lanchas tipo panga legales y se abstenían de pescar porque recibían los apoyos, retomaron esa actividad para poder mantener a sus familias, pues rechazan el nuevo programa en el que se cambia la ayuda monetaria por labores de agricultura y acuicultura.
Ramón Franco Díaz, presidente de Administración de la Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro, explicó a La Razón que desde 2015 los pescadores legales fueron convencidos por el Gobierno federal de no salir al mar, ante la situación de emergencia por la caza furtiva del pez totoaba y las consecuencias que ello traía para la vaquita marina.
De acuerdo con Franco Díaz, los propietarios de permisos para manejar embarcaciones recibían alrededor de 30 mil pesos y los pescadores 16 mil pesos mensuales.
Recordó que el 29 de noviembre de 2018 representantes del sector se reunieron con las autoridades y convinieron que las compensaciones seguirían hasta enero.
El 21 de marzo pasado se presentó en Palacio Nacional el nuevo plan, que tiene como uno de sus ejes el denominado desarrollo integral para el bienestar comunitario, en el cual se propuso a los pescadores trabajar en programas de agricultura y acuicultura, pero fue rechazado, pues los proyectos son “costosos y a largo plazo”.
El problema radica en que aprovechando la salida de pescadores nativos de la zona donde existe la prohibición se intensificó también la presencia de los totoaberos, provenientes de Sonora, Sinaloa y Nayarit, relató el representante pesquero.
COMPENSACIONES PERVERSAS. El doctor Lorenzo Rojas Bracho, presidente del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA), advirtió falta de gobernanza en la zona alta del Golfo, que prácticamente es “tierra de nadie”, pues el crimen organizado que lidera el comercio ilegal de totoaba ha tomado otras pesquerías, como la de camarón.
Sobre la efectividad de quitar los apoyos económicos a pescadores, el especialista explicó a La Razón que el conflicto en el Gobierno anterior es que fueron “incentivos perversos”, pues no se entregaron correctamente y el resultado fue opuesto al que se buscaba.
“Los incentivos llegaron a manos de gente sin escrúpulos y muchos de quienes los recibieron, como líderes pesqueros, no los repartieron como deberían, se dio el dinero a familiares que no residían en el Golfo y entre los beneficiarios había gente muerta”, acusó.
Asimismo, detalló que “cuando se les dieron los incentivos a los pescadores no se los dieron para hacer tareas específicas”, por lo que no hubo seguimiento. También llamó a cuidar a las comunidades bajo el yugo de la ilegalidad, pues la mayoría de ellas “están conformadas por ciudadanos honestos”.
Por ello pidió que se traduzcan en oportunidades para las comunidades del Alto Golfo de California.
El periodista Carlos Loret de Mola, quien ha investigado el tema, señaló a este diario que la mayoría de los pescadores que “se estaban portando bien” tuvieron que salir al mar. “Está lleno de pangas y eso sí que pone en peligro a la vaquita marina”.
Señaló que la gente pobre es la que hace el “trabajo sucio” de pesca y las organizaciones criminales pagan cuatro mil dólares por kilo, cantidad por la que piden hasta 100 mil dólares en China.
“Ese dinero se lava. Hay halcones que te vigilan cuando llegas a su zona y gente armada que protege a los criminales. Las autoridades fueron las que establecieron que se trataba de un cártel y hasta hicieron un organigrama en el que aparece a la cabeza Oscar Parra Aispuro (conocido como El Zar de la Totoaba)”, comentó en entrevista.
Sobre las acciones de las autoridades para combatir la pesca, el comunicador opinó que el Gobierno debe definir ya su plan, en el que se debe incluir la pesca sustentable, la protección de la vaquita marina y, paralelamente, la gobernabilidad en la región.
“(Hacen falta) cosas concretas, no las generalidades que han dicho hasta ahora. De otra manera están condenando a los pescadores a la pobreza y a la vaquita marina a la extinción”, comentó.
Ramón Franco Díaz advirtió que pese a la presencia de la Marina, los elementos aseguran que no tienen la instrucción de actuar contra los civiles. Cuando detectan una panga ilegal, los pescadores hablan a sus compañeros para quitarle las embarcaciones a la Marina y a la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca).
“No se ha hecho absolutamente nada, hemos tenido pláticas con la Marina, lo que nos dicen es que no tienen instrucciones para actuar. Ahorita la delincuencia organizada se ha apropiado del Mar de Cortés”, comentó.
