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El gobierno de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles, presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el ejecutivo federal y la Secretaría de Bienestar, en el que impugna la publicación de los lineamientos generales para la coordinación e implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo.
Las reglas establecen que los programas tendrán como prioridad, para ser beneficiarios, las personas que habiten en zonas de población mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación o con altos índices de violencia, de acuerdo con los mecanismos impuestos por la Secretaría de Bienestar.
De igual manera señala que los apoyos económicos en especie de los programas se entregarán de manera directa y sin intermediarios, por medio de las dependencias responsables de la ejecución, preferiblemente por instrumento bancario.
Dichos programas se aplicarán con base en la suficiencia y disponibilidad presupuestalautorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
También los beneficiarios de los Programas Integrales para el Desarrollo serán ingresados a un padrón integrado por la Secretaría de Bienestar, con datos de las dependencias y entidades responsables.
Los lineamientos especifican que el padrón de los Programas Integrales para el Desarrollo será revisado por la Secretaría de la Función Pública para su debida validación, actualización y auditoría.
La controversia fue presentada por el consejero Jurídico del gobierno de Michoacán contra el ejecutivo federal, la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, en el que impugna el acuerdo por el cual se emitieron dichos lineamientos, difundidos en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero.
El caso ya fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor de procedimiento, por lo que en los siguientes días se resolverá si la controversia es admitida a trámite.
Con información de Milenio