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La administración anterior del Gobierno de la Ciudad de México infló los costos de demolición de inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, denunció la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por lo que el caso ya se turnó a la Contraloría para su investigación.
En conferencia, donde anunció el arranque del Laboratorio Anticorrupción, la funcionaria refirió que en dicho rubro, la gestión anterior pagó a dos mil pesos el metro cuadrado, mientras que el actual Gobierno lo costea por 550 pesos el metro cuadrado, lo que significa un sobreprecio de 363.63 por ciento.
Estos costos, dijo, son producto de la corrupción en las dependencias locales, donde se daban “moches” en numerosos procesos que involucran dinero público.
“Es increíble que hayan hecho corrupción de un recurso tan sensible de lo que estaba ocurriendo en la ciudad”, lamentó.
Lo encontrado en éste y otros temas relacionados con actos de corrupción en dependencias de la pasada administración, que encabezó Miguel Ángel Mancera, ya fue entregado a la Contraloría capitalina, con el objetivo de proceder a las investigaciones y sanciones correspondientes.
En el evento presentó el Laboratorio Anticorrupción, el cual busca sistematizar y dar evidencia de este tipo de actos en servicios y trámites.
Se trata de un espacio de experimentación, en la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), cuyos resultados servirán para diseñar o implementar políticas públicas que combatan las irregularidades.
La información obtenida en el laboratorio será trabajada por organismos externos, como lo son Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, J-Pal y el Colegio de México, por lo que no tendrá gasto al erario.
Los datos servirán para tener un sistema de alertamiento temprano en procesos susceptibles a actos de corrupción.
Al respecto, la mandataria local comentó que no quiere decir que el laboratorio va a acabar con la corrupción, sino que es una herramienta para poder medir o evaluar las distintas políticas de la administración y así identificar las problemáticas.
La información será recopilada por diversas metodologías, como encuestas y estadísticas, y a partir de los hallazgos, generar un reporte y una evaluación.
Este año, estudiarán áreas como evasión fiscal vehicular, trámites de construcciones en la Ventanilla Única, vigilancia de servicios de la ciudad, así como la identificación de riesgos en contrataciones.
Pepe Merino, titular de la ADIP, explicó que el laboratorio dará respuestas analíticas y académicas, a partir de estudios serios del fenómeno de la corrupción. Así, se evaluarán múltiples problemas y soluciones, sin que se inviertan recursos públicos en ello.