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De las 309 empresas mexicanas fichadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) debido a sus nexos con el crimen organizado, 156 (50.4%) están en Jalisco.
Tras una revisión en la base de datos de este organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que contiene la información actualizada y depurada de sanciones contra empresas o entes desde 1994, se comprobó que además de los 42 negocios jaliscienses señalados el 8 de agosto por sus vínculos con el grupo delictivo del narcotraficante Raúl Flores Hernández —entre los que destacan nueve del futbolista Rafael Márquez y tres del cantante Julión Álvarez—, resaltan otros como el Hotelito Desconocido, en Tomatlán.
La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró este inmueble en agosto de 2015 por ser usado como centro de operación del Cartel Nueva Generación. Uno más que se encuentra en este listado es el tequila Onze Black, que se ofertaba en Estados Unidos y que también pertenecía al grupo delictivo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.
Por otra parte, a pesar de que en el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía se notificó el aseguramiento de Grupo Terapéutico Hormaral y de Prosport Health Imagen, ambas propiedad de Rafa Márquez, durante una visita por estos espacios se confirmó que funcionaron con normalidad.
En el documento se especificó que el ordenamiento se debió a que “se encuentran relacionados con hechos señalados con delitos previstos por el artículo 400-Bis del Código Penal Federal”.
El secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, negó la existencia de averiguaciones previas o carpetas de investigación en contra de los establecimientos enlistados y agregó que la PGR le solicitó al Ejecutivo estatal información de propietarios y socios de 20 empresas.
Para Jason Kalafat, abogado especialista en casos como los que enfrentan Rafael Márquez y Julión Álvarez, ser eliminado de la lista es difícil. Las autoridades estadounidenses no tienen que dar detalles a los mexicanos investigados sobre las evidencias que hay en su contra.
Si piden una “reconsideración administrativa”, no existe un límite de tiempo para que les contesten.
